Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, promovida por la diputada Rosana Díaz Reyes, para establecer verificaciones físicas obligatorias con una periodicidad máxima de 18 meses en todos los establecimientos dedicados al reciclaje, tratamiento y disposición final de desechos.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno por la legisladora juarense tras el incremento de siniestros registrados en recicladoras de Ciudad Juárez y la capital del estado, eventos que vulneraron la seguridad de los trabajadores y de las comunidades aledañas. Al justificar el dictamen, Díaz Reyes señaló la necesidad de anticiparse a desastres mayores y subrayó que la protección al medio ambiente está ligada a la salvaguarda de la población.
El ajuste legal mandata una coordinación directa entre el Poder Ejecutivo Estatal y las dependencias municipales de Protección Civil para ejecutar la supervisión técnica en los centros de acopio y procesamiento. Las inspecciones buscarán evaluar las medidas de seguridad ambiental, detectar factores de riesgo de combustión y regular la operación de las plantas.
Con la aprobación de esta normativa, el marco legal local refuerza los protocolos de fiscalización operativa para las empresas del ramo, obligando a los municipios y al estado a mantener inspecciones periódicas que eviten emergencias derivadas del almacenamiento inusual o inadecuado de materiales inflamables.
