Tijuana, Baja California.- En el estado de Baja California se constituyó formalmente el comité plural enfocado en exigir la libertad del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso penal por presunto contrabando de hidrocarburos recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La instancia civil y política agrupa a diversos liderazgos con tres demandas centrales: modificar la medida cautelar para que el exmandatario enfrente su proceso en su domicilio, garantizar el acceso a un juicio justo y lograr su libertad absoluta.
Integración y adhesión de la gobernadora de Chihuahua
En este esfuerzo de conformación y respaldo político destaca la participación activa de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien se sumó de manera directa al bloque plural para denunciar lo que calificó como una persecución sistemática contra opositores al régimen federal. Durante la presentación del comité, la mandataria chihuahuense reprochó el uso faccioso del aparato de justicia, señalando que su propia experiencia jurídica previa y el caso de Ruffo obedecen a órdenes de aprehensión dictadas sin respetar la presunción de inocencia ni el debido proceso.
Postura ante la disparidad en la aplicación de la ley
La titular del Ejecutivo estatal cuestionó la evidente disparidad en las acciones de procuración de justicia, contrastando el rigor aplicado contra figuras de la oposición frente a la omisión institucional hacia gobernadores y funcionarios afines al oficialismo, cuyos expedientes y cuestionamientos públicos no derivan en acciones judiciales equivalentes.
Mientras el comité plural mantiene sus demandas y la familia del exgobernador encabeza alertas sobre su estado de salud y condiciones de reclusión, las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y diversas figuras públicas continúan cerrando filas para exigir la revisión de un proceso que consideran un abuso de poder por parte del Estado mexicano.
