Ciudad Juárez, Chih.- La libertad de expresión en la frontera norte de México enfrenta un nuevo y alarmante atentado tras la brutal agresión física sufrida por el fotoperiodista Javier Walfre Aguilar, adscrito al periódico El Heraldo de Juárez. El incidente ha provocado una inmediata movilización gremial y exige la atención urgente de las instancias de procuración de justicia del estado.
Los hechos ocurrieron cuando el comunicador realizaba una cobertura de carácter estrictamente civil y de servicios públicos, documentando los trabajos de reestructura de un socavón provocado por las intensas lluvias, los cuales eran realizados por una empresa privada en Ciudad Juárez. Durante el desempeño de su labor informativa, sujetos desconocidos se le aproximaron con la orden expresa de prohibirle tomar imágenes. Ante la negativa del fotoperiodista, quien defendió su derecho constitucional a informar, los agresores lanzaron la consigna «somos de La Empresa» —haciendo alusión a una organización criminal que opera en la región fronteriza— y procedieron a golpearlo violentamente.
Testigos presenciales confirmaron que la agresión física solo se detuvo gracias a la intervención directa de los trabajadores de la compañía constructora encargada de la obra, quienes confrontaron a los delincuentes y lograron rescatar al reportero gráfico.
Ante este panorama de vulnerabilidad, la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Juárez emitió una convocatoria de carácter urgente dirigida a los profesionales de la información y a la sociedad civil. La concentración se programó para este jueves 29 de octubre a las 11:30 horas en las instalaciones de la Fiscalía de Protección a Derechohumanistas y Periodistas, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), situada en el tercer piso del edificio ubicado en la intersección de la calle Manuel Gómez Morín número 7045 y la calle De la Arboleda, en el fraccionamiento San Marcos. El propósito central de esta movilización es presentar la queja formal correspondiente y exigir la activación inmediata del Protocolo de Protección a Periodistas.
Este suceso pone de relieve el riesgo latente y generalizado al que se enfrentan cotidianamente los comunicadores en la región fronteriza. El gremio periodístico local ha manifestado su profunda preocupación y un rechazo absoluto ante el atentado, subrayando un factor alarmante: la violencia se extiende incluso a coberturas de carácter comunitario, urbano o de infraestructura que no están vinculadas a la fuente policiaca o de seguridad, evidenciando la hostilidad constante hacia el ejercicio periodístico en el estado de Chihuahua.
