El 2 de junio de 2022, César Duarte Jáquez bajó con dificultad la escalerilla del avión procedente de Ciudad de México. En el aeropuerto de Chihuahua lo esperaba una silla de ruedas. La imagen del exgobernador enfermo, frágil y encorvado recorrió el país: después de casi dos años preso en Miami y una larga batalla de extradición, el hombre acusado de saquear el erario chihuahuense por miles de millones de pesos regresaba por fin a rendir cuentas.
Tres años y medio después, esa fotografía pertenece a otra época.
Hoy, noviembre de 2025, César Duarte tiene 62 años, baila en antros de la capital del estado, asiste a fiestas privadas, ofrece conferencias de prensa y posa sonriente en restaurantes. Vive en libertad, enfrenta un solo proceso penal (por el desvío de apenas 96 millones de pesos) y no tiene fecha para juicio oral. De las 21 órdenes de aprehensión que pesaban en su contra cuando fue extraditado, 20 han desaparecido o fueron canceladas. Se libró también de una demanda civil en Estados Unidos y de múltiples procedimientos administrativos. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos le otorgó, en 2025, el estatus oficial de “víctima” de persecución política.
¿Cómo pasó del avión y la silla de ruedas al antro y la impunidad casi absoluta?
La respuesta está en una compleja arquitectura de impunidad que el propio Duarte diseñó y perfeccionó durante y después de su sexenio (2010-2016), y que hoy opera con precisión quirúrgica gracias a tres pilares: un Poder Judicial a modo, una Fiscalía debilitada y omisa, y un gobierno estatal (del PAN, partido contrario al PRI de Duarte) que, por acción u omisión deliberada, ha protegido al exmandatario y a su red.
El Patrón y su red de anticipación
Los colaboradores más cercanos de César Duarte lo llamaban “El Patrón”. Según testimonios recabados en la llamada Operación Justicia para Chihuahua (2016-2021), los secretarios y directores sabían de antemano cuándo Duarte iba a pedir dinero fuera de la ley: se resistían a contestar el teléfono porque ya conocían el guion.
Los desvíos se hicieron mediante triangulaciones con empresas fantasma, simulación de servicios, adjudicaciones directas y, sobre todo, la famosa “nómina secreta”: más de 250 millones de pesos entregados en efectivo a diputados locales para comprar lealtad legislativa. Parte de ese dinero, según la Fiscalía, terminó en campañas nacionales del PRI y en los bolsillos de políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos.
El Tribunal de lealtad
El primer ladrillo de la impunidad se colocó en el Poder Judicial. En octubre de 2014, con mayoría priista en el Congreso local, se reformó la Constitución estatal para ampliar el número de magistrados y crear nuevas salas. Gracias a esa reforma, Myriam Hernández Acosta, exdiputada priista y señalada en la nómina secreta, fue nombrada magistrada numeraria.
Otros magistrados y jueces clave también deben su cargo, directa o indirectamente, al duartismo. Ese mismo tribunal que hoy beneficia a Duarte exoneró en 2021 a la entonces gobernadora electa María Eugenia “Maru” Campos un día antes de su toma de protesta. El mensaje fue claro: el Poder Judicial responde a quien controla las fichas.
La jueza que nunca escuchó a la contraparte
El 5 de junio de 2024, la jueza Hortensia García Rodríguez cambió la prisión preventiva por libertad cautelar a César Duarte sin celebrar audiencia pública ni permitir que la Fiscalía expusiera sus argumentos. La resolución, de apenas unas líneas, se basó en “la edad y las enfermedades” del exgobernador, pese a que días después se le vio bailando en un conocido antro de Chihuahua.
Esa decisión marcó el inicio del desmoronamiento definitivo de los casos en su contra.
La Fiscalía que no apela y el gobierno que no entrega pruebas
Documentos obtenidos por La Verdad Juárez muestran que, en al menos siete ocasiones desde 2024, el gobierno de Maru Campos ha incumplido con la entrega de información y pruebas solicitadas por juzgados federales para mantener vivas las acusaciones contra Duarte y sus excolaboradores.
En algunos casos ni siquiera ha presentado apelaciones ante resoluciones favorables al exgobernador. Decenas de exfuncionarios duartistas han sido reintegrados a la nómina estatal en los últimos tres años.
La narrativa del perseguido político
Duarte y su defensa han logrado instalar la idea de que todo es una venganza del exgobernador Javier Corral (2016-2021). La Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por Alejandro Carrascos Talavera, emitió en 2025 una recomendación que reconoce a Duarte como “víctima del sistema de justicia”.
Esa narrativa ha calado incluso en sectores de la opinión pública chihuahuense que, cansados de la corrupción, prefieren creer que “todos son iguales”.
El robo de agua: la última piedra en el zapato
El único caso que aún podría complicar a Duarte es el presunto robo masivo de agua del río Conchos para sus ranchos en los municipios de Camargo y Julimes. La Conagua y la Fiscalía Federal tienen carpetas abiertas, pero el avance es lento y depende de la colaboración estatal… que no llega.
Tres años después de su extradición triunfal, la historia del mayor saqueo documentado en la historia de Chihuahua se ha convertido en la crónica de una impunidad anunciada y perfeccionada. César Duarte no solo sobrevivió a la justicia: la domesticó.
Lo que en 2022 parecía el principio del fin, en 2025 es la prueba más contundente de que, en Chihuahua, la historia sí la escriben los vencedores… y César Duarte volvió a ganar.
(Fuente original: Investigación “Esta es la historia del mayor escándalo de corrupción en Chihuahua, que apunta a una red de complicidades encabezada por el ahora exgobernador César Duarte Jáquez…”, por Itzel Ramírez, con colaboración de Gabriela Minjares y Rocío Gallegos. Publicado en La Verdad Juárez el 19 de noviembre de 2025)
