1.- Claudia Arlett Espino forjó su trayectoria en Chihuahua como abogada egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Derecho Financiero y doctorado, además de estancias en la Universidad Carlos III de Madrid. De origen rarámuri, ligada a Guachochi y Norogachi, combinó la docencia en la UACH con cargos públicos: asesora jurídica en el gobierno estatal entre 2011 y 2013, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de 2015 a 2021 y presidenta provisional en el proceso 2020-2021 tras la muerte del titular Arturo Meraz. En ese periodo, bajo su presidencia provisional, el organismo adjudicó a Cajas Graf un contrato de 33 millones 881 mil 653 pesos para material electoral, en una licitación donde participaron empresas del mismo conglomerado; la Auditoría Superior del Estado y diputados del PAN han pedido revisar ese procedimiento a la luz de los señalamientos nacionales posteriores. Su perfil académico y de género, más el paso por la Sala Superior del TEPJF como secretaria de estudio y cuenta, le dio un barniz de experta electoral que después resultó instrumental para escalar al plano federal.
2.- En el INE operó como segunda de a bordo de Guadalupe Taddei Zavala: el Consejo General la designó secretaria ejecutiva el 28 de noviembre de 2024, con efectos a partir del 1 de diciembre, pese a la oposición de la consejera Carla Humphrey, en un nombramiento impulsado directamente por la presidenta del instituto. Desde esa posición concentró el control jurídico-administrativo de la operación del organismo, justo cuando se consolidaban las redes de contratación con proveedores preferentes. Renunció el 9 de septiembre de 2026, horas antes del arranque formal del proceso electoral concurrente 2026-2027, alegando “motivos de salud” y la necesidad de equilibrar vida personal y familiar ante la “exigencia” de organizar elecciones en las 32 entidades. El argumento sonó a pretexto: semanas después reapareció en funciones públicas, y las investigaciones periodísticas y de la ASF sobre irregularidades por cientos de millones en contratos del INE la ubicaron de lleno en el llamado club Taddei.
3.- Los nexos con José Alfredo Hernández Casillas se remontan al menos a 2021, cuando Espino presidía provisionalmente el IEE de Chihuahua y Cajas Graf —empresa de la que Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco son apoderados— se llevó el contrato millonario ya citado, en un esquema de simulación de competencia documentado en múltiples OPLE. Esa relación se profundizó en el INE: videos difundidos por Latinus muestran a Espino en la casa del contratista, a quien éste llama “Cata”, conversando sobre el enojo de Taddei por la exposición mediática de una camioneta BMW blindada y de la red de negocios. Hernández Casillas, proveedor favorito, acumuló con su conglomerado (Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y otras) contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados y montos multimillonarios en el propio INE bajo Taddei, incluyendo materiales para la elección judicial y la producción de la credencial de elector por montos máximos de más de mil millones de pesos; la ASF investiga triangulaciones y posibles irregularidades por cientos de millones, y el PRI denunció penalmente a Espino junto con Taddei y Hernández ante la FGR por asociación delictuosa, cohecho y tráfico de influencias.
4.- Su incorporación al gobierno de Maru Campos resultó un paso en falso de apenas poco más de quince días: el 17 de octubre de 2026 asumió como directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua —cargo que ya había ocupado en 2024— y el 2 de noviembre presentó renuncia irrevocable “por así convenir a sus intereses y atender los señalamientos mediáticos”, según el propio gobierno estatal. La exhibición nacional fue inmediata: los videos de Latinus y los reportajes la colocaron como pieza del trío Taddei-Hernández-Espino que controlaba los grandes negocios del INE, desde la asignación de contratos simulados hasta las reuniones privadas donde se discutían porcentajes y ganancias. Incluso el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a Campos revisar el nombramiento por incongruencia política, dado que el partido había impugnado a Taddei en 2023. La renuncia de Espino, al igual que la de Taddei el 25 de octubre, cerró un ciclo de control interno que priorizó redes de proveedores sobre la imparcialidad institucional, dejando al INE bajo auditorías federales y denuncias penales justo al inicio de un proceso electoral mayor.
