Ciudad Juárez, Chih.- El representante del gobierno estatal en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, subió el tono del debate político local al sugerir que se analice el estado psicológico y emocional del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar. El pronunciamiento del funcionario estatal surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del edil, quien responsabilizó públicamente al Partido Acción Nacional y a la diputada local Xóchitl Contreras de haber provocado de manera intencional el grave incendio en el relleno sanitario municipal.
Desde la perspectiva del análisis político, la reacción del representante de la gobernadora representa un contraataque institucional diseñado para minar la credibilidad de la narrativa del gobierno municipal. Ortiz Villegas descalificó las acusaciones de sabotaje al asegurar que carecen por completo de sustento legal o probatorio. En su lugar, el funcionario afirmó que los señalamientos de la administración local no son más que una cortina de humo mediática diseñada de forma deliberada para evadir la responsabilidad directa que tiene el ayuntamiento en las omisiones y la falta de medidas preventivas dentro del tiradero.
El conflicto escaló el fin de semana tras el siniestro en el basurero de la ciudad, un evento que colapsó los servicios de emergencia y evidenció las severas carencias que padece el cuerpo de bomberos juarense. Mientras la facción de Pérez Cuéllar y el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, preparan denuncias penales argumentando un complot de la oposición para desestabilizar la ciudad, el bloque estatal ha cerrado filas en torno a la diputada Contreras, quien previamente había criticado que el presupuesto municipal priorice el gasto en redes sociales por encima del equipamiento de protección civil.
Con este posicionamiento, el gobierno del estado busca regresar el foco de la discusión pública hacia la competencia administrativa del municipio y el manejo de los fondos públicos. Al cuestionar la estabilidad emocional del alcalde con licencia, la representación estatal intenta debilitar el impacto de la denuncia penal anunciada por el municipio, transformando la disputa en un enfrentamiento abierto entre los proyectos políticos que se disputarán el control de la región en los próximos procesos electorales.
