Chihuahua, Chih.- Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de M.E.C.C., quien se desempeñó como tesorero municipal en Ignacio Zaragoza, por su probable participación en el delito de peculado agravado. La acusación formal deriva de la disposición ilegal de 2 millones 200 mil pesos, recursos obtenidos a través de un crédito irregular contratado a nombre del Ayuntamiento durante la administración pasada y que fue denunciado por las autoridades en funciones.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado habría participado presuntamente en un acuerdo concertado con otros servidores públicos municipales para desviar dichos recursos. El destino oficial anunciado para ese financiamiento contemplaba obras de alto impacto social, tales como el recarpeteo de calles, la adquisición de maquinaria especializada y la remodelación integral del edificio de la Presidencia Municipal. No obstante, las auditorías y diligencias de investigación confirmaron que ninguna de las obras referidas ni las compras de equipamiento se llevaron a cabo.
El origen de este procedimiento judicial se remonta a la denuncia presentada por la actual administración municipal ante la representación social. El caso salió a la luz pública y administrativa luego de que el Ayuntamiento fuera notificado de un juicio mercantil promovido por la institución financiera BANSÍ, la cual exige el pago del millonario crédito. Según lo manifestado en las diligencias ante el Ministerio Público, los funcionarios entrantes desconocían por completo la existencia de dicha obligación financiera al asumir el cargo, toda vez que la documentación contable y legal no fue entregada ni integrada durante el proceso formal de Entrega-Recepción.
Tras cumplimentarse el mandato judicial, el exfuncionario municipal fue puesto a disposición del juez de la causa adscrito al Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a fin de que en audiencia pública se defina su situación jurídica conforme a derecho.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción del Estado reiteró que continuará con las investigaciones complementarias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de otros posibles implicados, bajo los principios de estricto respeto a los derechos humanos, debido proceso y presunción de inocencia, reafirmando con ello su compromiso institucional en el combate frontal contra la corrupción de servidores públicos.
