Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como «muy irresponsable» el desempeño del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, al señalarlo como el principal responsable de avalar la participación e incursión clandestina de agentes extranjeros de la CIA en operativos desarrollados en territorio estatal, particularmente tras los hechos registrados en la sierra Tarahumara.
Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria federal abordó el caso que ha sacudido la escena política nacional durante el fin de semana, manifestando su respaldo a las acciones legales emprendidas contra el exfuncionario. Sheinbaum enfatizó que el actuar del exintegrante del gabinete chihuahuense violó normativas fundamentales de soberanía nacional, al permitir no solo la intervención de personal de inteligencia extranjero en contra de la ley, sino por la manera discrecional y opaca en la que se condujeron dichos despliegues operativos.
En su intervención, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y las indagatorias complementarias abiertas reflejan la necesidad de sancionar cualquier conducta que vulnere el marco legal mexicano. Asimismo, apuntó que resulta indispensable que las instancias de procuración de justicia actúen con firmeza cuando se quebrantan los principios constitucionales de soberanía y cooperación institucional, reconociendo que las autoridades locales y federales deben proceder conforme a derecho contra cualquier servidor público que incurra en estas faltas.
El pronunciamiento presidencial ocurre en medio de un complejo engranaje judicial que este fin de semana llevó a Jáuregui a enfrentar una doble ruta procesal: tras obtener una resolución preliminar en el ámbito local que le permitía llevar su primera causa en libertad —la cual desató breves festejos de sus simpatizantes detrás de las rejas de los juzgados—, fue recapturado de inmediato por elementos federales para responder ante la justicia federal por el delito de traición a la patria, derivado de una carpeta de investigación coordinada por la fiscal Ernestina Godoy, lo que motivó su posterior traslado de urgencia hacia el penal de máxima seguridad del Altiplano.
La postura fijada en la mañanera delinea el peso político que la administración federal le otorga al caso, marcando una línea clara en la que se descarta cualquier tolerancia ante la participación de agencias extranjeras fuera de los cauces diplomáticos y de seguridad nacional establecidos por el Estado mexicano.
