Ciudad de México.- El proceso de consulta ciudadana para la Reforma Electoral inició formalmente el 17 de septiembre con la primera audiencia pública en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcando el arranque de un ejercicio inédito diseñado para democratizar la actualización del sistema político-electoral. Organizado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —creada por decreto presidencial el 4 de agosto y presidida por Pablo Gómez Álvarez—, este mecanismo busca recabar opiniones plurales de la ciudadanía, organizaciones civiles, partidos políticos, académicos y especialistas, con el fin de elaborar una iniciativa legislativa que modernice las reglas democráticas, fortalezca la participación popular y reduzca costos excesivos en el proceso electoral. La comisión, integrada por figuras como Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación), José Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar, ha enfatizado la inclusión de voces a favor y en contra, contrastando con procesos previos centralizados en cúpulas partidistas. Hasta el 22 de septiembre, ya se han realizado cuatro audiencias en la Ciudad de México, con transmisiones en vivo que han generado un interés notable en redes sociales, donde usuarios destacan la transparencia prometida, aunque críticos como el PRI y PAN cuestionan su legitimidad al compararlo con intentos autoritarios del pasado.
Las audiencias públicas, que se extenderán hasta diciembre en las 32 entidades federativas mediante un formato híbrido (presencial y virtual), representan un espacio abierto para que cualquier persona inscrita exprese ideas, preocupaciones y propuestas sobre el sistema electoral actual. En la primera sesión del 17 de septiembre, por ejemplo, participaron ponentes como Almendra Ernestina Negrete (diputada de Morena en Sinaloa), quien solicitó foros específicos para la comunidad LGBTQ+ —una demanda que Gómez aceptó incorporar—, y José Antonio Piña de la Fundación México Sustentable, quien abogó por eliminar «acordeones» en boletas y adoptar primarias al estilo argentino para mayor eficiencia. Otros participantes, como representantes indígenas, exigieron mayor representación en el sistema democrático, mientras que voces críticas del INE pidieron salvaguardar su autonomía. Estas intervenciones, limitadas a cinco minutos por ponente, se graban y publican íntegras en el micrositio oficial www.reformaelectoral.gob.mx, garantizando acceso público a todas las aportaciones para fomentar la rendición de cuentas. El ejercicio no solo recopila propuestas orales, sino también escritos enviados digitalmente, y se complementará con debates temáticos entre posturas opuestas y encuestas de opinión en octubre, con resultados preliminares disponibles en noviembre.
El calendario de audiencias, presentado por Pablo Gómez durante la conferencia matutina del 22 de septiembre en Palacio Nacional, confirma las próximas sesiones en la Ciudad de México y extiende el alcance a estados clave. El 23 de septiembre a las 17:00 horas se realizará la tercera audiencia en el Salón Revolución de Segob, enfocada en libertades políticas y difusión de ideas; el 24 de septiembre a las 17:00 horas sigue la cuarta en el mismo lugar, mientras que a las 11:00 horas inicia la primera en Puebla, en el Museo Internacional del Barroco, con énfasis en representación ciudadana y financiamiento de partidos. El 25 de septiembre a las 12:00 horas continúa la quinta en CDMX, y el 30 de septiembre a las 17:00 horas la sexta, también en Segob. En entidades como Querétaro, la audiencia está programada para el 10 de octubre a cargo de José Peña Merino, y en Guanajuato para el 31 de octubre, centrada en justicia electoral y democracia participativa. Las sesiones estatales, coordinadas por comisionados regionales, se realizarán los martes, miércoles y jueves hasta diciembre, con temas adaptados localmente —por ejemplo, en estados con alta migración, se priorizará el voto de mexicanos en el extranjero—. Toda la información, incluyendo inscripciones y transmisiones en vivo vía portales gubernamentales, está disponible en el micrositio, que también incluye materiales educativos sobre el sistema electoral vigente.
Los temas de consulta se articulan en diez ejes centrales, no limitativos, que abordan desde los fundamentos democráticos hasta mecanismos innovadores de participación, alineados con la visión de una «democracia de resultados» promovida por el gobierno federal. Estos incluyen: 1) Libertades políticas y difusión de ideas; 2) Representación ciudadana en órganos de gobierno; 3) Funcionamiento y financiamiento de partidos políticos; 4) Fiscalización de gastos de campañas; 5) Efectividad del sufragio y modalidades de votación (incluyendo voto electrónico y en el extranjero); 6) Propaganda política y modelo de comunicación; 7) Facultades y funciones de autoridades electorales; 8) Justicia electoral; 9) Requisitos de elegibilidad de funcionarios electos; y 10) Democracia participativa, consultas populares y revocación de mandato. Adicionalmente, se prevén foros específicos sobre voto de mexicanos en el exterior —con propuestas para mecanismos virtuales— y sistemas de usos y costumbres indígenas, para integrar tradiciones locales al marco nacional. Gómez ha subrayado que estos ejes buscan reducir costos (como el financiamiento partidista, que podría ahorrar más de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030), eliminar fraudes históricos y potenciar la inclusión, aunque opositores como Rubén Moreira (PRI) critican el proceso como un «intento de control» similar al de Gustavo Díaz Ordaz en los 60.
Para participar, el proceso es accesible y transparente a través del micrositio www.reformaelectoral.gob.mx, lanzado el 22 de septiembre, que funge como hub central para inscripciones, envíos de propuestas y consulta de materiales. Para asistir presencialmente, se completa un formulario en línea seleccionando la audiencia deseada, recibiendo un pase digital de confirmación; en modo virtual, se accede a la transmisión en vivo y se envía un documento escrito vía plataforma. Quienes opten por ser ponentes deben registrarse con anticipación, subir su ponencia (máximo cinco minutos de exposición) y alinearla opcionalmente a los ejes temáticos, sin restricciones ideológicas. No se requiere afiliación partidista ni requisitos previos, y todas las aportaciones se publican en tiempo real para debate en un foro virtual adjunto.
Pablo Gómez Álvarez, exdiputado de Morena quiere posicionar la comisión como un «enlace imparcial» entre ciudadanía y autoridades, insistiendo en que «la discusión está abierta a todo el pueblo» sin censuras ni límites. En la mañanera del 22, Gómez detalló acuerdos con consejeros del INE para aportes técnicos del servicio profesional electoral, y con magistrados del TEPJF para diálogos sobre justicia electoral, reconociendo que «no serán 10 personas quienes decidan el futuro del sistema». Subrayó la inédita escala del ejercicio —con debates plurales y encuestas en octubre—, esperando una «participación inusitada» que eleve la calidad democrática. Sheinbaum respaldó esta visión, aclarando que la oposición participa en audiencias como ciudadanos, no como bloques, y que el objetivo es «nunca más un fraude», alineado con la Cuarta Transformación. Críticos, sin embargo, ven riesgos de sesgo gubernamental, pero Gómez defiende la transparencia: todas las opiniones, incluidas críticas al INE o propuestas de autonomía plena, quedarán accesibles en línea.
Este proceso culminará en enero de 2026 con la entrega de conclusiones y anteproyectos a la Presidencia, para su refinamiento y envío al Congreso en febrero, donde se debatirá a fondo antes de una posible aprobación en 2026, a tiempo para elecciones locales de 2027. La iniciativa resultante podría incluir la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en sustitución del INE y OPLE, recortes drásticos al financiamiento partidista y mayor énfasis en democracia directa, como revocación de mandato en elecciones intermedias. Analistas destacan su potencial para ahorrar recursos públicos —hasta 32 mil mdp en un lustro— y ampliar derechos, como el voto indígena y en el exterior, pero advierten desafíos: lograr consensos en un Congreso fragmentado y evitar percepciones de centralización. En Guanajuato y Querétaro, por ejemplo, se anticipan debates intensos sobre elegibilidad y consultas populares. Con la plataforma digital como eje, este ejercicio posiciona a México en un hito de participación masiva, potencialmente transformando un sistema criticado por ineficiencia y opacidad en uno más inclusivo y eficiente, siempre que la pluralidad prometida se materialice en resultados legislativos.
