Chihuahua, Chih.- La diputada América Aguilar presentó una iniciativa de ley que busca obligar la salida de los agresores no solo del hogar, sino también de los centros de trabajo, escuelas y otros espacios de convivencia obligada. La propuesta tiene como objetivo central evitar que las sobrevivientes de violencia sean quienes deban abandonar su entorno o proyectos de vida para mantenerse a salvo, lo cual la legisladora calificó como una forma de revictimización.
De acuerdo con la exposición de motivos de Aguilar Gil, si bien la violencia familiar es el delito más reportado en Chihuahua, las agresiones no se limitan al entorno doméstico. Datos de la Unidad de Violencia Laboral del Instituto Chihuahuense de las Mujeres revelan que el 64 por ciento de los casos que atienden corresponden a acoso laboral, lo que refuerza la necesidad de extender las medidas de protección a los ámbitos profesionales e institucionales.
Nuevas facultades para órdenes de protección
La iniciativa plantea que los órganos jurisdiccionales tengan la facultad de dictar órdenes de protección más estrictas y específicas. Entre las medidas propuestas destaca la desocupación del agresor del domicilio común y, de manera innovadora, la separación física y funcional del violentador dentro de los centros laborales o instituciones donde coincida con la víctima para garantizar la seguridad de esta última.
Asimismo, se contempla la posibilidad de suspender, reubicar temporalmente o restringir las funciones del agresor sin que esto afecte bajo ninguna circunstancia los derechos laborales o la estabilidad de la persona agredida. Con esto se pretende que la carga de la movilidad y el cambio de rutina recaiga directamente sobre quien ejerce la violencia y no sobre quien la padece.
América Aguilar enfatizó que ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor bajo el argumento de necesidades laborales o comunitarias. Al establecer estas medidas de manera expresa en la ley, se busca priorizar el derecho humano a una vida libre de violencia, reconociendo que los espacios institucionales suelen ser lugares donde la convivencia obligada perpetúa el daño psicológico y físico.
La legisladora concluyó que estas acciones son fundamentales para que las víctimas no tengan que renunciar a su empleo o educación como único método de protección. La propuesta pasará a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación, en un contexto donde las colectivas feministas han exigido mecanismos más ágiles para separar a los violentadores de las áreas comunes.
Autores
PUBLICIDAD
