Este mecanismo de democracia directa se activa tras diversas denuncias públicas realizadas por Saláis, quien señala supuestas irregularidades en la transparencia administrativa y el manejo del gasto público durante la actual gestión municipal.

El reto de las 58 mil firmas
Para que la solicitud de revocación pase de ser una petición ciudadana a una jornada de votación oficial, la ley exige un respaldo masivo. Específicamente, los promoventes deben reunir el apoyo del 5 por ciento de la lista nominal de electores del municipio. Dado que el padrón actual en Ciudad Juárez registra a 1,157,422 ciudadanos, la meta técnica se ha fijado en 57,871 firmas válidas.
El periodo para cumplir con este requisito es de 90 días naturales, lo que sitúa la fecha límite para la entrega de apoyos a mediados de junio de 2026. Para agilizar este proceso y garantizar la autenticidad de los datos, el IEE ha implementado el uso de una aplicación móvil oficial donde los brigadistas registran la clave de elector y la fotografía de los ciudadanos interesados en participar.
Presión social ante el órgano electoral
A pesar de que el proceso está en marcha, Jesús Saláis y sus seguidores han manifestado recientemente su inconformidad con lo que consideran una actitud dilatoria por parte de las autoridades electorales. A través de convocatorias en redes sociales, el movimiento ha organizado manifestaciones frente a la Oficina Regional Juárez del IEE, ubicada en la zona de la curva de San Lorenzo, a un costado de Coprofesa.
Los manifestantes exigen mayor celeridad en los trámites logísticos y mayor difusión sobre los derechos de participación ciudadana. Según los organizadores, la respuesta de la población en los módulos itinerantes instalados en centros comerciales y plazas públicas como la Plaza de Armas ha sido constante, reflejando un sector de la ciudadanía interesado en evaluar el desempeño de sus gobernantes antes de que concluya su periodo constitucional.
Hacia una consulta vinculante
Si el grupo liderado por Saláis logra entregar las firmas requeridas y estas son validadas por el instituto, el siguiente paso será la organización de una jornada de votación en todo el municipio. Para que el resultado de dicho ejercicio sea vinculante y obligue al funcionario a dejar el cargo, la ley estipula que debe participar al menos el 10 por ciento de los electores de la lista nominal y que la mayoría sufrague a favor de la revocación.
Por ahora, el movimiento se concentra en la movilización territorial diaria, mientras el Ayuntamiento se mantiene a la expectativa del conteo final que el órgano electoral realizará al concluir el plazo de los 90 días.