Avance de género en la CEDH
La terna para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, integrada por Ada Miriam Aguilera Mercado (99.66 puntos), Flor Alejandra Corral Requejo (96.66 puntos) y Fryda Libertad Licano Ramírez (93.99 puntos), marca un hito al ser la primera vez en 35 años que está compuesta exclusivamente por mujeres. Este hecho refleja el impulso a la paridad de género impulsado a nivel nacional en los últimos años y evidencia un consenso multipartidista en la JUCOPO, donde la alta calificación de las candidatas prioriza experiencia en derechos humanos, academia y materia electoral sobre cuotas partidistas. Una mirada más profunda es necesaria…
Ada Miriam la favorita
Ada Miriam Aguilera Mercado se posiciona como la candidata con mayores posibilidades de asumir la presidencia de la CEDH, gracias a su calificación sobresaliente de 99.66 puntos —la más alta en el proceso— y su trayectoria consolidada dentro del aparato estatal. Su paso por la propia comisión como primera visitadora y su actual rol como Fiscal Especializada en Violaciones a Derechos Humanos en la FGE la convierten en un perfil técnico con experiencia directa en el tema. Sin embargo, esta inmersión profunda en estructuras gubernamentales —particularmente en una fiscalía sin autonomía plena— genera dudas críticas sobre su capacidad para ejercer una vigilancia independiente al Ejecutivo, especialmente en un contexto de aumento exponencial de denuncias por violaciones a derechos humanos en Chihuahua.
Riesgo de sujeción
Las posibilidades de Aguilera Mercado se refuerzan por el consenso en la JUCOPO —incluyendo fracciones mayoritarias— y menciones explícitas como «favorita de palacio», lo que sugiere un cálculo político para mantener una CEDH alineada con el gobierno estatal. En un estado con alta incidencia de desapariciones forzadas y recomendaciones pendientes a la FGE, su elección podría interpretarse como un mecanismo para suavizar fiscalizaciones incómodas, erosionando la legitimidad del organismo y perpetuando la percepción de que los derechos humanos son manejados desde el interior del poder en lugar de confrontarlo.
Flor Alejandra con vínculos al poder
Flor Alejandra Corral Requejo ocupa el segundo lugar con 96.66 puntos, lo que refleja una evaluación sólida en currículum y entrevista, y representa un perfil eminentemente judicial proveniente del Poder Judicial del Estado, donde ha sido juez de control y secretaria de sala en el Tribunal Superior de Justicia, con énfasis en derechos humanos e igualdad de género. Su trayectoria institucional es impecable en términos técnicos, pero carece de una distancia clara respecto al poder público, lo que la hace vulnerable a críticas por posible sesgo en favor del statu quo. Políticamente, podría ser vista como una opción de consenso si se busca evitar el perfil más alineado al Ejecutivo, aunque su cercanía al sistema de justicia estatal limita su potencial disruptivo en un órgano que debe fiscalizar.
Autonomía limitada
Corral Requejo representa un punto medio: su origen judicial le da credibilidad en temas procesales y de género, pero su carrera enteramente dentro del Poder Judicial —dependiente en última instancia del equilibrio político— la expone a cuestionamientos sobre imparcialidad frente a violaciones cometidas por autoridades judiciales o policiales. Políticamente, podría ser impulsada como alternativa «menos comprometida» si surgen resistencias internas a Aguilera, aunque su perfil no genera el mismo entusiasmo rupturista que se esperaría en una primera presidencia femenina histórica en la CEDH.
Fryda Libertad la opción más autónoma
Fryda Libertad Licano Ramírez, con 93.99 puntos, emerge como la candidata con mayor potencial de independencia, al provenir de un organismo autónomo como el Instituto Estatal Electoral (IEE), donde fungió como consejera hasta concluir su periodo recientemente, con experiencia en participación ciudadana, derechos humanos y mecanismos democráticos. Su formación en Relaciones Internacionales y su doctorado en curso en Educación la dotan de una perspectiva más amplia y menos atada a los poderes Ejecutivo o Judicial. Sin embargo, su puntuación inferior y su trayectoria menos especializada en procuración de justicia directa la colocan en desventaja en un proceso que priorizó perfiles institucionales tradicionales, lo que reduce sus chances reales pese a ser la que mejor encarnaría la autonomía esperada de una CEDH.
Bajo su piso político
Las chances de Licano Ramírez son las más bajas en términos reales, dada la brecha en calificaciones y la tradición de designar perfiles con fuerte arraigo institucional. No obstante, su paso por un órgano autónomo como el IEE la posiciona como la única con experiencia probada en entornos independientes, lo que la haría ideal para recuperar credibilidad en una CEDH criticada por su pasividad. Su selección requeriría un acto de voluntad política mayoritario para priorizar autonomía sobre lealtad, algo improbable en el actual contexto de acuerdos entre PAN y aliados en el Congreso, dejando su candidatura más como símbolo de lo que debería ser que como opción viable.
Refrenda alianza gobernante
El refrendo de la alianza Morena-PT-PVEM, formalizado el 28 de enero por Luisa María Alcalde, Alberto Anaya y Karen Castrejón, busca proyectar unidad rumbo a las intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030, pese a tensiones recientes por la reforma electoral. Este acuerdo revela más fragilidad que fortaleza, actuando como un parche pragmático ante rumores de división interna y la necesidad de contrarrestar a una oposición que si bien esta fragmentada, no se puede descartar su recomposición.
Alcances y limitaciones
La coalición permite maximizar votos en el Congreso y en las 17 gubernaturas de 2027, facilitando reformas clave y coaliciones locales. Sin embargo, sus limitaciones son claras: el PT y PVEM quedan subordinados a la agenda central de Morena, arriesgando su autonomía y financiamiento si avanza la reforma electoral que reduce plurinominales y presupuestos partidistas, lo que expone un equilibrio inestable propenso a rupturas. En Chihuahua, tiene repercusiones muy claras en el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar quien se ha esforzado por fortalecer al Partido Verde y este acuerdo nacional, acaba con la narrativa que alentaban afines suyos, en el sentido de que si no es candidato de Morena, su postulación por el Verde era viable, este refrendo acaba con el petate del muerto.
Motivaciones pragmáticas
Las motivaciones son esencialmente electorales y clientelares: Morena gana aliados para mantener mayorías, mientras PT y PVEM acceden a recursos y posiciones que solos no lograrían. Esto refleja oportunismo más que ideología compartida, con el PVEM priorizando poder sobre ecologismo genuino y el PT sacrificando su izquierda radical por cuotas, erosionando la democracia en favor de perpetuación de elites.
Contradicciones internas
A pesar del refrendo, persisten discrepancias —como en la reforma electoral— que generan reticencias en PT y PVEM a ser «paleros» de Morena. Analistas ven este acuerdo como vacío o resignación ante debilidad, donde la «unidad» proclamada maquilla tensiones que podrían estallar en 2026 o 2027, socavando la gobernabilidad a largo plazo. En esencia, esta alianza ilustra las contradicciones del sistema partidista mexicano: sirve para acumular poder más que para resolver desigualdad o problemas nacionales. Sus motivaciones egoístas y limitaciones la hacen vulnerable a implosiones, invitando a cuestionar si fortalece la transformación o perpetúa un continuismo autoritario disfrazado, demandando mayor escrutinio ciudadano.
