Ciudad de México.- Entre severas advertencias de organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión sobre el riesgo de instaurar un mecanismo de censura digital, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la llamada Ley Antimemes, una normatividad que impone severas sanciones económicas a las plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de internet que incumplan con la orden de retirar contenidos modificados o alterados.
El nuevo marco legal establece multas que ascienden hasta los 4.6 millones de pesos para aquellos prestadores de servicios digitales que omitan eliminar de manera oportuna obras, imágenes, voz, videogramas o fonogramas cuando estos hayan sido intervenidos, replicados o alterados sin autorización mediante el uso de inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas avanzadas.
La discusión en el pleno legislativo estuvo precedida por una intensa ruta de debate en comisiones y por los pronunciamientos de diversos sectores sociales y organismos defensores de derechos humanos, como Artículo 19, los cuales han alertado reiteradamente sobre los vacíos e imprecisiones del articulado. De acuerdo con estas voces críticas, la redacción actual de la ley abre la puerta a la discrecionalidad en la moderación de contenidos, lo que podría criminalizar la sátira, la crítica política, la caricatura y la libre circulación de memes en el ecosistema digital mexicano.
Pese a los cuestionamientos de la oposición y de colectivos sociales sobre el posible impacto en los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, la iniciativa continuará con su proceso legislativo para definir los detalles de su instrumentación y su inminente entrada en vigor, consolidándose como uno de los ordenamientos más polémicos en materia de regulación de internet y propiedad intelectual en el país.
