Chihuahua, Chih.- El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local para detallar los resultados de las revisiones realizadas a los contratos del Gobierno de Chihuahua con la empresa Seguritech Privada, S.A. de C.V., en el marco del Proyecto y Torre Centinela. El funcionario destacó que las observaciones derivaron en posibles sanciones por un monto aproximado de 98 millones de pesos, las cuales la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) está en condiciones de aplicar.
El contrato en cuestión, identificado como SH/ADE/079/2022 y firmado el 6 de julio de 2022, es de carácter plurianual y asciende a 4 mil 709 millones 855 mil 681 pesos con 32 centavos, IVA incluido. Su propósito consiste en proveer un servicio integral de enlace, monitoreo de seguridad y videovigilancia mediante el diseño, suministro, implementación, integración tecnológica y operación del sistema, con el fin de ofrecer apoyo inmediato a la ciudadanía en casos de inseguridad o emergencia. El alcance abarca 13 subcentros Centinela distribuidos en el estado y la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez.
En las Cuentas Públicas de 2023 y 2024, las auditorías revelaron pagos por bienes y servicios que no fueron entregados ni recibidos. En el ejercicio 2023, se aplicaron penas convencionales por solo 1 millón 922 mil 945 pesos con 02 centavos, cuando el monto correcto debió ser de 5 millones 94 mil 586 pesos con 80 centavos. Además, se constataron retrasos en la ejecución de las obras de la Torre Centinela en ambos periodos fiscales, así como modificaciones al proyecto sin el instrumento jurídico correspondiente.
Respecto a los entregables pendientes, en 2023 no se acreditó la entrega de 163 arcos carreteros, 9 filtros Centinela, 1,643 equipos de videovigilancia, 239 drones, un sistema antidrones, 65 tabletas y los subcentros de Ojinaga, Bocoyna, Madera y Nuevo Casas Grandes. Para 2024, faltaron 30 arcos carreteros, 10 filtros, 17 videowall, 78 mesas de trabajo y los centros de mando en Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes.
Como consecuencia, la ASE determinó penas convencionales por 98 millones 453 mil 91 pesos con 74 centavos, en proceso de confirmación para su cobro. El proveedor y la SSPE han realizado 14 reuniones de conciliación, y la dependencia retiene pagos a Seguritech como garantía del importe. Acosta precisó que el contrato sigue vigente, por lo que persiste la posibilidad de aplicar las penas convencionales y deductivas, aunque la empresa puede defender sus argumentos en el procedimiento legal establecido.
La SSPE ha cumplido las recomendaciones de la ASE, incluyendo la firma de un convenio de supervisión con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la conciliación y la integración de un equipo multidisciplinario para el seguimiento del proyecto.
Finalmente, las auditorías generaron 12 observaciones, una solicitud de aclaración, dos denuncias administrativas por faltas no graves, tres por faltas graves y una denuncia de hechos. El proceso continúa en etapas de conciliación y posible sanción.
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