Bocoyna, Chihuahua. – María Elena Villalobos Carrillo, exregidora del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Bocoyna, fue asesinada a balazos la mañana del domingo 16 de noviembre en el interior de su negocio ubicado en la comunidad indígena de San Ignacio de Arareco.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas. Según versiones de testigos, un hombre armado ingresó al local comercial de la víctima, disparó en varias ocasiones y huyó del lugar. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron apoyo médico.
Personal de la clínica particular CAAPS de Creel trasladó de emergencia a Villalobos Carrillo, pero debido a la gravedad de las heridas de bala falleció minutos después de su ingreso. El cuerpo presentaba impactos en tórax y abdomen.
María Elena Villalobos tenía 48 años y había concluido su periodo como regidora en septiembre de 2024, tras formar parte del cabildo 2021-2024 encabezado por el alcalde panista Héctor Ramos Villalobos. Durante su gestión destacó por impulsar programas de apoyo a mujeres indígenas y por denunciar públicamente la presencia de grupos delictivos en la zona tarahumara.
Investigación en curso sin detenidos
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado información oficial sobre posibles móviles ni líneas de investigación. Elementos de la Policía Municipal de Bocoyna y de la Agencia Estatal de Investigación acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el ataque fue directo y que no se reportaron personas lesionadas adicionales. La comunidad de San Ignacio de Arareko, ubicada a 12 kilómetros de Creel, se encuentra consternada y exige justicia rápida.
Este homicidio se suma a la larga lista de agresiones contra exfuncionarios y liderazgos políticos en la Sierra Tarahumara, región afectada por disputas entre grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, tala ilegal y extorsión.
Organizaciones civiles y el propio PAN Chihuahua condenaron el crimen y exigieron a las autoridades estatales y federales garantizar la seguridad de quienes participaron en el pasado proceso electoral. Por el momento no hay personas detenidas ni se ha revelado la identidad del o los responsables.
