Chihuahua, Chih.— El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, exigió una investigación profunda y sin simulaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, tras la separación del cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Medina advirtió que la licencia temporal del mandatario sinaloense no debe reducirse a una medida de contención política, sino constituir únicamente el primer paso de una revisión exhaustiva sobre todos los actores políticos, funcionarios y operadores de gobierno que pudieran tener vínculos con organizaciones criminales.
“El país no puede seguir actuando únicamente cuando hay presión o llamados desde el extranjero. La defensa de nuestra soberanía exige decisiones firmes desde dentro, con instituciones mexicanas que respondan a las y los ciudadanos, no a cálculos electorales ni a crisis mediáticas”, expresó el legislador priista.
El diputado chihuahuense señaló que desde hace años diversos sectores sociales han denunciado riesgos de colusión entre poder político y narcotráfico en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, alertas que, según dijo, han sido sistemáticamente ignoradas por conveniencia política.“Cuando el poder público tolera, encubre o permite que el crimen organizado sustituya funciones del Estado en regiones enteras, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la soberanía nacional misma”, afirmó.
Arturo Medina insistió en que preservar la soberanía implica no solo enfrentar amenazas externas, sino impedir que grupos criminales se consoliden como poderes paralelos capaces de influir en gobiernos, procesos electorales o decisiones institucionales.
En el caso concreto de Sinaloa, consideró necesario separar del cargo a cualquier funcionario presuntamente involucrado para garantizar investigaciones imparciales; sin embargo, enfatizó que esta medida resulta insuficiente por sí sola.
“No basta con pedir licencias o renuncias estratégicas. Se requiere un compromiso real de la Fiscalía General de la República para investigar a fondo, integrar expedientes sólidos y, en su caso, fincar responsabilidades penales. La colusión con el crimen organizado no puede minimizarse a una narrativa política, porque representa una de las formas más graves de traición al Estado mexicano”, puntualizó.
Finalmente, el coordinador priista llamó a que la lucha contra la infiltración criminal en la política deje de ser selectiva, reactiva o partidista, y se convierta en una verdadera política de Estado.
“México necesita instituciones que actúen por mandato constitucional y por responsabilidad histórica, no por miedo al costo electoral. La sociedad merece verdad, justicia y un país donde ningún gobierno entregue territorios, instituciones o ciudadanía al crimen organizado”, concluyó.
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