Ariadna, una santera en Morena
El arribo de Ariadna Montiel Reyes a la dirigencia nacional de Morena marca un viraje de fondo en la conducción del partido en el poder. Tras consolidarse como la operadora absoluta de la Secretaría de Bienestar, su perfil contrasta con la estridencia de las dirigencias previas. El análisis político que sigue se basa en la certidumbre de que Montiel practica la santería (Regla de Ocha); es a partir de las características psicológicas y de conducta que los iniciados desarrollan en estas prácticas espirituales que se desmenuza su estilo de liderazgo, su toma de decisiones y su estrategia para consolidar la autoridad en el territorio.
La santería exige una estricta reserva y confidencialidad respecto a los ritos y las jerarquías internas. Esta característica se traduce políticamente en un liderazgo basado en el hermetismo y la eficacia silenciosa. A diferencia de los perfiles mediáticos tradicionales que buscan reflectores, la estrategia de Montiel se teje tras bambalinas, con la paciencia de quien acomoda piezas en un tablero invisible. La información estratégica, el control de las estructuras y la resolución de conflictos partidistas se manejan dentro de círculos de absoluta confianza, revelando las decisiones solo cuando el resultado territorial está asegurado.
La matriz histórica de este culto nace de la resistencia y la supervivencia ante la adversidad extrema. Trasladado al escenario partidista, el carácter de la dirigente se torna sumamente pragmático y frío. No hay espacio para debates ideológicos abstractos ni para la retórica de café; lo que importa es la resolución de problemas tangibles y operativos. Su trayectoria en el manejo de los programas sociales y la movilización masiva refleja una mentalidad donde la efectividad en el territorio y la conservación del poder son las prioridades absolutas frente a las disputas de la oposición o las fricciones internas.
En el orden espiritual de la Regla de Ocha, el respeto a los mayores, padrinos y ancestros es una ley inquebrantable, donde la lealtad a la palabra empeñada y los pactos de origen se respetan de manera sagrada. Esta asimilación de la jerarquía influye de forma directa en su lealtad institucional. En el caso del estado de Chihuahua, bajo esta lógica de compromisos firmados en piedra, el camino apuntaría con claridad hacia el alcalde Cruz Pérez Cuéllar como el próximo candidato de Morena para la gubernatura. En la mística operativa de Montiel, una palabra dada a un cuadro que ha entregado resultados territoriales no se rompe por capricho ni por presiones externas; ese pacto con Pérez Cuéllar solo podría caerse si llega una orden tajante de la jerarquía superior, encarnada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o el liderazgo fundador de Andrés Manuel López Obrador.
La comunidad en las casas-templo funciona como una familia extendida y protectora que no deja desamparados a los suyos. En la operación de Morena, esta visión se manifiesta en la cohesión de las redes territoriales como los Servidores de la Nación y los comités de base. El liderazgo actúa bajo una mística de protección mutua hacia los cuadros leales, cerrando filas como un bloque orgánico impenetrable. Ariadna Montiel comanda el partido no a través de la elocuencia discursiva, sino mediante una estructura disciplinada, discreta y enfocada en mantener la hegemonía electoral de cara a la sucesión de los estados y los próximos retos políticos del país.
Sheinbaum reserva información sobre la CIA
El manejo que el gobierno federal ha dado al caso de los agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua evidencia una contradicción profunda que desarma la lógica jurídica y revela que el uso de la ley está subordinado a una estrategia de conveniencia política. Por un lado, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación penal contra el gobierno del estado, acusándolo de violar la soberanía nacional al coordinarse con inteligencia extranjera. Por el otro, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha decidido congelar por cinco años la nota diplomática donde el gobierno de Estados Unidos responde y aclara formalmente los términos de dicho operativo.
Esta doble narrativa expone lo que el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, ha denunciado como un «tremendo descontón a la transparencia». Si el objetivo central de la federación fuera realmente el esclarecimiento de los hechos y la defensa de la legalidad, la respuesta de Washington sería la pieza fundamental para resolver el caso. Esconder el documento que contiene la verdad oficial del operativo y, al mismo tiempo, estirar la sospecha legal contra las autoridades locales resulta incongruente. No se puede buscar la justicia a ciegas cuando el propio investigador decide taparse los ojos.
El análisis crítico de esta reserva por cinco años —un plazo que blinda convenientemente al resto del sexenio de Claudia Sheinbaum— sugiere que el contenido de la nota diplomática compromete gravemente el discurso oficial. Al respecto, el legislador Chávez Madrid advierte que la jugada es mañosa y calculada: se congela la información el tiempo necesario para que la actual administración se vaya limpia y sin reclamos, sepultando las promesas de honestidad del partido oficial bajo el clásico secretismo de Estado.
Existen dos lecturas críticas ante este ocultamiento que dejan mal parada a la federación y que explican el porqué de su silencio. La primera es que el reporte confirma que las dependencias federales sí estaban enteradas de la presencia de la CIA y prefirieron omitirlo. La segunda es que Washington justificó su intervención debido al evidente vacío de poder y la inacción federal en la región. Como señala el líder de la bancada panista, la federación simplemente «tiró la toalla» en la Sierra Tarahumara ante el avance del crimen organizado, obligando al Gobierno del Estado a entrar al quite para defender a los ciudadanos; ahora, el gobierno federal busca colgarles el milagrito del espionaje para lavarse las manos.
En la práctica, mantener la investigación activa contra la administración de Maru Campos sin transparentar la respuesta bilateral convierte al aparato de justicia en una herramienta de desgaste electoral. Para la oposición local, esto evidencia una tremenda doble moral: el régimen actúa con una postura de «bravos aquí y agachados allá». Cuando el escándalo estalló en la Sierra, los voceros oficiales se rasgaron las vestiduras, armaron un circo mediático y usaron a la FGR como garrote político para buscar sangre y votos; sin embargo, en cuanto llegó la contestación del norte, el discurso soberanista se dobló completito y dio paso a la sumisión silenciosa.
Al final, la soberanía nacional se utiliza aquí como un eslogan flexible: sirve de argumento para señalar a la oposición en el terreno local, pero se traduce en un repliegue institucional cuando se confronta la realidad con el gobierno de Estados Unidos. Al ocultar la evidencia clave que podría cerrar o sustentar el caso, la investigación penal pierde su naturaleza técnica y se transforma en un mecanismo de presión política de largo aliento. El uso de la transparencia como un recurso selectivo no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que deja claro que el verdadero cálculo detrás del silencio de cinco años no es legal, sino netamente político.
Hunde al beisbol protegido de Pérez Cuéllar
El bache deportivo por el que atraviesan los Indios de Juárez en el torneo estatal de béisbol no es una casualidad ni un problema de falta de talento en el campo. El verdadero problema de los Indios está en las oficinas y tiene un responsable directo: el jurisdiccional Óscar Chávez. La crisis actual del equipo de la Zona Uno demuestra que, cuando la política local y el compadrazgo de los gobernantes se meten al vestidor, el deporte pasa a segundo término, afectando directamente a una afición juarense que apoya con todo y merece un equipo de campeonato, no un circo de oficina.
El análisis de la situación interna, destapado por el lanzador profesional Alejandro Reyes, deja claro que Óscar Chávez, nativo de Villa Ahumada, maneja el club de forma autoritaria y con una tremenda prepotencia. Un directivo debe ser un facilitador que dé herramientas y tranquilidad a sus jugadores, pero en Juárez ocurre lo contrario. Chávez se mete al vestidor a amargar el ambiente con «malas vibras», sembrar chismes y dividir al plantel entre favoritos y señalados. Reducir sueldos a la mitad a mitad de temporada por una mala racha, pero no dar incentivos cuando las cosas van bien, no es administrar; es exprimir y pisotear los derechos de los trabajadores del deporte.
La falta de capacidad técnica de Chávez es evidente: una persona que jamás ha jugado béisbol a ningún nivel no tiene la autoridad moral ni deportiva para evaluar jugadas ni para comparar peloteros en pleno partido. Además, los manejos financieros bajo su gestión son muy raros, como pagar 300 mil pesos a Camargo para recuperar a un jugador que él mismo había dejado ir un año antes. Esto demuestra que los Indios se manejan con ocurrencias y caprichos, cuidando más la foto y la imagen pública del jefe que el bienestar del equipo.
Sin embargo, para entender la prepotencia con la que actúa Óscar Chávez hay que mirar hacia arriba. El culpable último de este desastre es el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quien impuso a Chávez en ese puesto y le estira una cobija de protección política que lo vuelve intocable. Al apadrinar a un directivo sin credenciales deportivas y solapar sus abusos, Pérez Cuéllar es el verdadero responsable del abandono institucional que sufre el equipo. Chávez actúa con total impunidad y soberbia porque sabe que su jefe político lo respalda desde la presidencia municipal, utilizando al equipo de la ciudad como una trinchera de cuotas y favores políticos.
Lo más grave del caso son las denuncias de abuso de poder para incomodar a las parejas de los peloteros. Juárez es una plaza con demasiada historia y respeto para soportar este tipo de conductas corrientes que rompen toda ética profesional. Los Indios pasan por un mal momento por directivos soberbios como Óscar Chávez y por políticos como Cruz Pérez Cuéllar que los patrocinan. Mientras la directiva no se limpie y el alcalde con licencia deje de meter las manos en el deporte local, los resultados no van a cambiar. La pelota no miente: la afición de Juárez merece más respeto, merece transparencia y merece directivos que respondan a la ciudad y no a los caprichos del poder municipal.
