Ciudad de México.- El abogado penalista Gabriel Regino presentó un análisis técnico sobre la acusación federal que enfrentan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez en Estados Unidos. Bajo la lógica del litigio en el Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía estadounidense sostiene la hipótesis de que ambos funcionarios se integraron conscientemente a una conspiración de narcóticos liderada por la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la teoría del caso, la responsabilidad de los funcionarios no radica en la operación material del tráfico de drogas, sino en una aportación política e institucional. La fiscalía argumenta la existencia de un pacto criminal establecido en 2021, donde la organización delictiva habría garantizado el triunfo electoral de Rocha Moya mediante actos de intimidación y secuestro de opositores, a cambio de protección oficial y el nombramiento de funcionarios favorables a las actividades del cártel.
En este esquema, Inzunza Cázarez es señalado como el presunto administrador y enlace encargado de traducir las promesas criminales en políticas de gobierno y operación institucional. Regino destaca que, en el derecho federal estadounidense, la figura de conspiración sanciona el acuerdo consciente para formar parte de la estructura delictiva, independientemente de si los acusados tuvieron contacto directo con las sustancias prohibidas.
La base probatoria de la fiscalía incluiría listas manuscritas de sobornos y el testimonio de testigos cooperantes de alto perfil, entre ellos Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en 2025. Según el análisis jurídico, la extradición de figuras como José Canobbio Inzunza y Kevin Gila Costa reforzará la evidencia documental y testimonial para demostrar que el aparato estatal fue capturado y utilizado como infraestructura de una empresa criminal con efectos en territorio estadounidense.
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