Chihuahua, Chihuahua.- Con el objetivo de armonizar la normatividad estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y colocar a las personas al centro de las políticas públicas de desplazamiento, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas integrales a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, estableciendo esquemas más estrictos de protección para usuarios vulnerables y menores de edad.
La diputada Joceline Vega Vargas, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, explicó que las modificaciones legislativas actualizan las disposiciones vigentes bajo un enfoque que reconoce los derechos de movilidad de la ciudadanía. Entre los cambios institucionales destaca la sustitución formal de la Subsecretaría de Vialidad y Tránsito por la Subsecretaría de Movilidad, incorporando además a los Observatorios de Movilidad y Seguridad Vial como órganos auxiliares.
El nuevo marco normativo establece que las personas peatonas y con discapacidad ocupen el primer sitio dentro de la jerarquía de movilidad por encima de los vehículos automotores. Asimismo, se fijaron obligaciones específicas para los agentes de movilidad enfocadas en brindar un trato respetuoso a los usuarios de la vía pública, además de adecuar las atribuciones y requisitos para el desempeño de las juezas y jueces cívicos.
Para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, el decreto impone la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil adecuados para quienes tengan una estatura menor a 1.35 metros o que, por su complexión física, así lo requieran. En materia de conducción para menores de 18 años, la ley estipula que solo podrán manejar vehículos entre las seis y las veintidós horas; fuera de este horario, o bien al transitar por zonas no urbanas, deberán estar acompañados obligatoriamente por quien ejerza la patria potestad o la tutela, bajo la condición de que dicha persona no se encuentre bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Adicionalmente, la reforma contempla ajustes normativos en los niveles permitidos de alcoholemia, los límites de velocidad y la clasificación de las vías de comunicación, armonizando asimismo los procedimientos para la expedición y cancelación de licencias de conducir. Se fortalecieron también las directrices en materia de educación y prevención mediante programas de sensibilización y capacitación vial orientados a disminuir la incidencia de siniestros de tránsito.
La legislación aprobada es el resultado de un análisis consensuado en el que se instaló una Mesa Técnica de Seguridad Vial con la participación de legisladores, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Movilidad, integrantes del Consejo Consultivo de Vialidad y asesores jurídicos del Poder Legislativo.
