Los fiscales generales de 22 estados de EE.UU. presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump poco después de su toma de posesión el lunes, que buscaba poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este caso se avizora como una larga disputa legal.
Esta práctica migratoria centenaria se deriva de la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos serán ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden de Trump, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», estipula que la administración ya no reconocerá la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes que se encuentren en el país sin autorización, siempre que ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Esta es una medida acariciada por Donald Trump desde su primer periodo presidencial, pero nunca la concretó, ya que no pasó de anuncios o amenazas.
Viola la Constitución
La primera demanda, presentada en Massachusetts por una coalición de 18 estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York y California, alega que la orden ejecutiva de Trump viola los derechos constitucionales de miles de niños. Además, agrega que esta «impone costos indebidos» a las jurisdicciones locales, las cuales perderían la financiación federal vinculada a los seguros médicos infantiles.
Los fiscales generales demócratas señalan que la orden ejecutiva de Trump viola los derechos constitucionales de miles de niños. La demanda acusa a Trump de intentar eliminar un «principio constitucional bien establecido y de larga data».
Los demandantes alegan que el presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada, ni está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer.
A esta demanda también se sumaron el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco. Otro grupo de cuatro estados —Arizona, Oregón, Illinois y Washington— presentó una demanda por separado en Seattle.
Varias organizaciones de derechos civiles y legales también presentaron recursos legales en New Hampshire y Massachusetts «en nombre de los padres cuyos hijos no serían elegibles para la ciudadanía» bajo la orden ejecutiva de Trump.
Los fiscales generales demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento está respaldada por la ley, y aunque los presidentes tienen amplia autoridad, «no son reyes».
«Durante más de 150 años, nuestro país ha seguido la misma regla básica: los bebés que nacen en este país son ciudadanos estadounidenses», dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en una conferencia de prensa el martes.
«(Trump) tiene derecho a promulgar una política que considere adecuada para el país», pero «este es un acto extremo y sin precedentes», afirmó Platkin. «Esto no es solo un ataque a la ley; es un ataque a la esencia misma de esta nación».
«Los presidentes de este país tienen un amplio poder. Pero no son reyes», añadió Platkin. «El presidente no puede, con el trazo de una pluma, borrar de la existencia la 14ª Enmienda. Punto».
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la medida de Trump como «no solo inconstitucional, sino profundamente peligrosa».
La serie de recursos legales sugiere que el esfuerzo de Trump probablemente enfrentará una larga batalla judicial y podría quedar estancado en los tribunales, lo que impediría que entre en vigencia el próximo mes, como estaba planeado.
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
«Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia, esto lo decidirán los tribunales», declaró a la BBC Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. «Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta».
