El 18 de octubre de 2009, dos personas fueron privadas ilegalmente de la libertad por militares, en Nuevo Casas Grandes. Sus cuerpos fueron localizados después, enterrados y con huellas de tortura.
Los soldados participaban en la Operación Conjunta Chihuahua, al mando del general Felipe de Jesús Espitia. En 2013, después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que permite enjuiciar a personal castrense en tribunales civiles, se abrió la causa penal federal 34/2013.
El 20 de enero de 2016, un tribunal federal de Ciudad Juárez sentenció al coronel Elfego José Luján Ruiz, excomandante del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, a 33 años de prisión por la tortura, homicidio y sepultura clandestina de Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno.
La sentencia, primera en la historia reciente, sacudió a las Fuerzas Armadas porque exhibió la brutalidad con la que actuaron algunos militares que participaron en el combate al crimen organizado en los años con más hechos de violencia en la región y en el país.
El mismo juzgado a otros cinco exsoldados del 35 batallón de la infantería; tres a 33 años de prisión por los mismos delitos y dos a 39 meses de prisión por tortura.
No es el único caso.
Otro general, Manuel Moreno Aviña, fue sentenciado a 52 años de prisión por la tortura, homicidio y destrucción de restos humanos de un hombre en Ojinaga, Chihuahua, en 2008.
Las autoridades también sentenciaron a 21 soldados que estaban bajo el mando de Moreno Aviña, por cargos relacionados con torturas, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos.
En marzo anterior, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos documentó ampliamente casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas contra civiles en el país, tan solo durante 2016.
Sobre la «privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos o políticamente motivados», difundió que «hubo muchos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad».
En junio, un informe de Amnistía Internacional acusó a los funcionarios de seguridad de utilizar el sexo y otros tipos de tortura para obtener confesiones de mujeres.
«Los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos incluían la participación de la policía y los militares en abusos graves, como los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones», según el reporte.
El tema de los abusos cometidos por militares en tareas de seguridad cobró de nuevo relevancia en el contexto de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados.
Nadie quiere que se repitan los excesos.
CASI TODOS EN CONTRA
La nueva norma, que también debe ser aprobada por la Cámara de Senadores, pretende regular la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
Organismos internacionales, nacionales y especialistas están de acuerdo en que la aprobación de esa ley fue un error, porque contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos y es ineficaz.
«En sus términos, la Ley de Seguridad Interior no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país, podría prolongar el estado actual de violencia y nos alejaría del modelo democrático constitucional», señalan en una carta pública 68 académicos especializados en Derecho.
La misiva está firmada por Diego Valadez, Pedro Salazar Ugarte, Javier Treviño, Issa Luna Pla y Miguel Sarre, entre otros expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
«La Ley de Seguridad Interior –afirman– es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas».
Agregan que «la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan».
«La iniciativa vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial», indican en el documento.
Además, el proyecto aprobado por los diputados atenta contra el federalismo, afirman.
Los académicos cuestionan inclusive la definición de «seguridad interior».
«Es vaga e imprecisa, por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas a la misma», exponen.
La minuta enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y votación «incluye diversas definiciones (tales como uso legítimo de la fuerza) que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad».
El mismo riesgo es advertido por organizaciones que defienden los derechos humanos a nivel internacional y en el país.
RETROCESO EN DERECHOS HUMANOS
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein pidió a los senadores no aprobar la Ley de Seguridad Interior ya que se trata de un «proyecto muy preocupante».
«La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada», expone en un comunicado.
«El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley», indica.
En consecuencia, Jan Jarab envió una carta a la Cámara de Senadores para solicitar que la minuta enviada por los diputados no sea aprobada.
«La ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida Minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone», señala en la misiva.
Advierte además:
«Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó un posicionamiento mediante el cual «expresa su preocupación sobre el proyecto de ley sobre seguridad interior de México, que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública».
La experiencia de México y otros países «demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos».
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también cuestionó el contenido de la ley aprobada por los diputados federales, ya que clasifica información y es contrario a los principios de máxima transparencia.
El artículo 9 del dictamen «trasgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del derecho humano de acceso a la información», indicó en un comunicado.
A su vez, en su cuenta de Twitter, el gobernador Javier Corral solicitó a los senadores corregir la minuta enviada por los diputados.
«Espero que el @senadomexicano, en lealtad a sus deberes constitucionales y de salvaguarda del Pacto Federal, revise con gran responsabilidad la minuta de #LeydeSeguridadInterior y corrija lo necesario. Aprobarla en sus términos sería un retroceso en Derechos Humanos y Democracia», posteó.
El 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. Posteriormente la envió a la Cámara de Senadores para su análisis y votación.
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