CHIHUAHUA, Chih. El segundo Encuentro Chihuahua: Problemas Contemporáneos de México, en el que discutieron el tema de seguridad, confrontó a los participantes en el tema del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, por la rigidez de los jueces federales para liberar a imputados que son presuntos integrantes del crimen organizado contra la falta de contundencia de las evidencias que aporta el Ministerio Público en las audiencias.
Y otros actores del encuentro convocado por el gobernador Javier Corral Jurado, se centraron en la discusión de la aprobación o no de un mando único policial en el país
Algunas coincidencias de los once participantes son la urgencia de fortalecer las necesidades particulares del Ministerio Público y a las policías municipales desde un mando mixto que no vulnere el federalismo, así como el incremento de los presupuestos para las instancias locales y la prevención del delito.
También coincidieron en el rechazo a la prisión preventiva oficiosa porque no se ha demostrado una vinculación entre llenar las prisiones presuntos criminales con la incidencia delictiva y la violencia.
El viernes 25 de agosto, formaron parte de la mesa de seguridad: Francisco Gatica Méndez, coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); César Augusto Peniche Espejel, fiscal general de Chihuahua; Angélica Marina Díaz, magistrada del Poder Judicial federal; Sigrid Arzt Colunga, investigadora y ex comisionada del entonces IFAI.
También asistieron Pablo Héctor González, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJE); Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados; Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República y el anfitrión Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua.
En su última intervención del encuentro, Francisco Gatica reconoció que el mando único no es la “panacea” y aunque el gobierno federal envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en ese sentido, se ha modificado.
“Mando Único no es la idea de tener 32 policías, sino de ver cómo hacer que mil 800 cuerpos policíacos que están con capacidades totalmente diversas en el país, las logramos coordinar, capacitar y tener responsables muy claros de hasta dónde va a entrar una autoridad y hasta dónde se coordina con la Federación”, asentó.
El funcionario federal agregó que la profesionalización de los policías es fundamental, pero el mando único “no puede ser, no lo es, no es la panacea”.
El gobernador Javier Corral criticó que ahora el verdadero mando único en el país, lo ejerce Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto en seguridad, como en vivienda, desarrollo social y en todas las áreas.
En ese sentido, dijo que es fundamental tener un nuevo federalismo hacendario al rediseñar el modelo de seguridad pública en el país, más allá de tener un mando único o no.
Concluyó con la opinión de los participantes, que la estrategia fundamental de prevención está en el municipio y cuestionó: “¿cómo lo pueden enfrentar ellos junto con los gobiernos estatales, cuando se tienen que mendigar los recursos al gobierno federal, incluso administrando los humores del presidente y del secretario de Hacienda en turno?”.
Corral señaló que no es posible trasladar esa responsabilidad al ámbito municipal, cuando es la instancia federal la que dispone directamente de la mayoría de los recursos en el ejercicio presupuestal.
Previo a la participación de Gatica, el gobernador cuestionó que tanto el Sistema Nacional de Seguridad como la Secretaría de Gobernación insisten en el mando único, cuando en esa mesa de análisis, se esgrimieron argumentos tan contundentes como para un análisis más profundo en el tema.
El panista anunció que llevará esa propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que debe ser condición sine qua non, para el avance de cualquier reforma legal de seguridad interior o nacional, la aprobación de un nuevo modelo policial que siente las bases de participación ciudadana, profesionalización y evaluación permanente. “Sería gravísimo que se realizará una cosa sin la otra”.
El legislador federal Jorge Ramos mencionó que son necesarios modelos que vayan al fondo del problema, como la inversión en sistemas independientes, con órganos responsables de la seguridad autónomos del Poder Ejecutivo y el liderazgo de civiles sin relaciones políticas.
Dijo que el debate de fondo para el mando mixto, es centralizar policías o hacer un sistema federalista, porque al momento los alcaldes están presionados por la federación para elegir la mecánica de procuración de seguridad pública local.
Acotó que se trata de prevenir que el delito ocurra y cuando ocurra, ser eficientes, porque el modelo actual genera gobernadores en la comodidad y algunos en la complicidad, y lo mismo pasa con alcaldes.
Para Ramos el modelo actual está rebasado y la alternativa sería un mando “mixto” pero no “único”, ya que cada estado tiene su problemática específica.
El diputado panista urgió a brindar protección y bienestar a los policías, como el acceso a una jubilación, un plan de retiro digno y créditos de vivienda y acusó
que hay gobernadores que están presionados para que se dé la aprobación el Mando único, advirtió que los legisladores están de acuerdo en no ir con prisa en este tema, porque no pueden aprobar un diseño de Estado que lleve al fracaso.
Gatica dijo que se debe insistir en el sistema que necesita el país, porque se trata que se pueda transitar a un país más justo, con menos impunidad y se debe perfeccionar, “para que la gente vea resultados cuando el delito le afecte, que vea que sus derechos están salvaguardados”.
Insistió en que el mando único tiene que ver con la profesionalización de las policías, con establecer responsabilidades claras sobre quienes tienen que ejercer las facultades.
Advirtió que la Policía Federal no puede sustituir las facultades de policías municipales ni estatales ni con los 400 mil agentes que están desplegados en los estados, por lo que corresponde a cada entidad y municipio, la profesionalización, mejoras salariales y de equipamiento de las corporaciones.
“Mando único, no. Mando policial, donde los modelos tienen que estar definidos. La lógica de reivindicar a las policías tiene que ser parte fundamental (…) no hay modelo en el que el policía por sí solo, pueda acabar con el delito”, insistió luego de ser cuestionado por Corral.
El funcionario federal dijo que la violencia relacionada con los homicidios dolosos y la dinámica delincuencial en el país no es única, es compleja, multifactorial y recordó que el Artículo 21 Constitucional establece que la seguridad pública le corresponde a los tres ámbitos de Gobierno.
Aseveró que hay poca profesionalización en corporaciones municipales y varios están involucrados con delitos. “Más allá del tema de municipalismo o federalismo, darnos esos modelos de mando que pueden servir para que haya mayor coordinación”.
Cuestionó qué pasa cuando llegan fuerzas armadas o la Policía Federal a un municipio, con quién se coordinan, no se queda claro si es con la policía del estado o con mandos municipales y qué capacidades tienen estos.
“El tema de mando policial como lo ha suscrito el comisionado nacional, tiene que ver con llevar a las fuerzas municipales a esa lógica de que se haga cargo de lo que les toca, de esa seguridad pública de primer encuentro. Son el inmediato reflejo que tiene el ciudadano.
“Que las policías municipales tengan facultad, no para atender los delitos que no les corresponde, sino darles marco de actuación, que resuelvan problemas de seguridad relacionadas con convivencia cívica (…) como lo suscribe el comisionado nacional, tiene que ver con llevar a las policías municipales a esa lógica del Artículo 115, que se hagan cargo de lo que les toca, de esa seguridad pública de primer encuentro para resolver problemas de convivencia cívica”.
Gatica reconoció que hay municipios que por su complejidad, por su tamaño, por las zonas metropolitanas en que se desarrollan, tienen necesidades de otras capacidades “pero serían casos muy específicos, con una evaluación muy precisa de cuales policías sí tienen esa lógica de atender lo que les toca de primera instancia”.
La investigadora Sigrid Arzt Colunga, refirió que la agenda se dicta desde el centro del país y se debe tener cuidado con poner recetas por igual, a las 32 entidades y conminó a no crear más políticas públicas sin evaluarlas, porque no se pueden seguir derramando recursos sin conocer los resultados de lo que se ha aprobado.
VÍCTIMA, LA OLVIDADA DEL SISTEMA PENAL: FISCAL; FALTA RIGOR EN LAS AUDIENCIAS: MAGISTRADO
En el tema del Sistema Penal Acusatorio, se centraron en la problemática que se ha generado con la liberación de presuntos delincuentes consignados con armas largas o de alto poder, porque los jueces justifican que el delito no se encuentra dentro del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva.
Las propuestas que hicieron, es eliminar las oportunidades de impunidad en el sistema garantista, atender la problemática de los operadores estales en materia de seguridad y justicia y actualizar la ley para generar un régimen de excepción en términos de delincuencia organizada.
El fiscal general acusó que jueces federales han echado abajo procesos que han liberado a detenidos que a las semanas, han ocasionado otros actos delictivos, como el asesinato de dos policías estatales (en el municipio de Madera). La víctima es la olvidada, por el Sistema Penal, acusó.
Y el magistrado Pablo Héctor González, señaló que no se trata de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo ha propuesto el fiscal, sino de encontrar la manera de evitar ese problema y advirtió que falta tomar en serio las evidencias que se presentan en las audiencias.
La directora del área de justicia del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDAC), María Novoa, dijo que no hay evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea el problema de la puerta giratoria, pero sí propuso que se debe establecer el régimen de excepción, para fortalecer las capacidades de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos.
Consideró que mediante la compatibilidad de competencias del fuero común y del fuero federal, puede darse un mejor combate al crimen organizado.
Javier Corral planteó que esas excepciones para los estados deben estar vinculadas al sistema que opera financieramente la delincuencia organizada.
Dijo que para eliminar las oportunidades de impunidad, es preciso incorporar al catálogo de delitos graves, los que se cometan con recursos de procedencia ilícita, además de la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Peniche Espejel aclaró en su segunda intervención, que el Sistema Penal Acusatorio en el banquillo de los acusados, sino el catálogo de delitos que ya existía desde antes.
“Estamos buscando la ampliación para la prisión preventiva oficiosa, que va en función de la realidad que estamos viviendo”, explicó.
Con esas medidas, advirtió el sujeto olvidado en el sistema penal, es la víctima. “Aquellos que siempre están en desventaja durante el proceso, es el anónimo en la relación procesal, es quien resintió el daño en la esfera jurídica, la afectada en su patrimonio, en su libertad y hasta en su vida”.
Agregó que mientras el imputado debe ser detenido con todas sus formalidades, puesto a disposición de manera inmediata y tiene la oportunidad de rendir declaración o no, y si declara tiene la posibilidad de que no se use en el proceso, cualquier violación de alguna figura anula la prueba aun cuando se detenga en flagrancia, la víctima queda indefensa, porque parece un premio para el presunto victimario.
Señaló que hay casos en los que los jueces, al controlar la detención, han admitido como pruebas, videos y hasta notas periodísticas que admiten sin comprobar dicha información.
Tras referirse a que quienes crearon la reforma del sistema penal han señalado que tantos estudiosos no pueden estar equivocados, señaló que tampoco pueden estar equivocados 32 secretarios generales y 32 fiscales o procuradores.
Lo que piden, dijo, es que se revise el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, lo relativo a la prueba anticipada y el tema de que el Ministerio Público pueda declarar directamente a los adolescentes.
“No pueden estar equivocados 64 operadores, que están donde está sucediendo el delito. Uno de los principales problemas es que nos abstraemos de la realidad”, sostuvo el funcionario estatal.
Reprochó que un arma AK 47, que portan presuntos delincuentes que ellos han detenido y presentado ante jueces federales, no son para protección personal y aun así, el sistema les otorga el beneficio de la libertad.
Peniche dio a conocer que cuando los agentes estatales aprehenden a personas en Juárez tienen que judicializar los casos en Chihuahua. “Me consta que han llegado a judicializar en fin de semana en la noche y los jueces se molestan”.
Señaló que muchos de los que defienden la pureza del garantismo inserto en el Sistema Acusatorio desdeñan al Ministerio Público y al policía.
“Desdeñan al Ministerio Público y a la Policía, cuando el problema radica en ellos. Y el juez seguramente no tiene más que perfección en su actuación. Estamos llevando a cabo un control judicial cada vez mayor en la prueba o una declaración de un adolescente. Como si el MP no fuera capaz de recibir la prueba o la declaración de adolescentes, como si no fueran capaces de hacer georreferenciación de un teléfono celular, O como si no tuviera capacidad para solicitar o llevar a cabo una intervención telefónica.
Y cuestionó:
“¿Dónde radican la perfección de jueces y la imperfección de los ministerios públicos? No podemos transitar en un sistema donde veamos diferentes al MP y a los jueces. Sabemos todos, el salario de los funcionarios del Poder Judicial y saben cuánto es el salario último que perciben los policías en los municipios del país (…) pedimos que se revise catálogo, lo relativo a la prueba anticipada, el tema de poder declarar a menores adolescentes directamente por el MP”.
Otra situación que planteó es la distancia que hay de un municipio a otro para aprehender a presuntos delincuentes. “Esa parte no se está resolviendo el Código de Procedimientos Penales (…) la víctima se vuelve más víctima”.
Sobre el tema, Francisco Gatica coincidió que también se están enfrentando con la problemática de que la policía hace frente a un grupo delictivo y detiene a personas con armas, lo llevan ante un juez con armas de alto alcance que perforan chalecos de policías, y pueden quedar libres.
“El juez tiene la responsabilidad de que por el delito que se lleva, debe tener proceso en libertad o en prisión. Hay elementos objetivos para pensar a qué se dedica (el detenido con armas) ¿Cuántos salen con un arma larga de su casa, para qué?”, cuestionó.
Dijo que hay elementos que no pueden dejarse pasar y también reconoció que en esos casos, hay que proteger a los jueces, pero insistió en que los secuestros y homicidios no se hacen con resorteras.
El magistrado Pablo Héctor González opinó que no es necesaria una reforma sino un diálogo de cooperación que ajuste la coordinación para que uno legitime al otro, sobre modelos de control social del delito.
“Como diagnóstico, lo que dice el fiscal, lo comparto, pero ¿cómo hacerle para que esté en prisión preventiva sólo quien representa un verdadero riesgo. Se confunde al delito con la persona, en función del delito que le imputo se determina quien es la persona. Para efectos policíales equivale a redadas policiacas donde entran todos. Si queremos que se queden los peces gordos y se vayan los charales, no se necesita una manta”, advirtió.
El magistrado añadió que todos quieren que la delincuencia organizada esté donde debe estar, pero el tema es cómo lograrlo.
Coincidió en que el camino es fortalecer a la autoridad más cercana a la población, a las policías y Ministerio Público, así como a los jueces de primera instancia que en ocasiones son considerados “los patitos feos”, de la justicia.
“La idea de buscar el cómo, pasa por la necesidad de no perder de vista qué es lo que queremos: un sistema de justicia que se toma en cuenta el debido proceso y que sea eficaz, tomarnos en serio la audiencia y ser capaces de llevar la prueba a la audiencia. El sistema puede mejorar, pero me gustaría que en ese proceso no perdiéramos de vista el objetivo. La ley puede ser un factor de cambio social si no se deja sólo el cambio legislativo, requiere un cambio cultural. No es una fábrica de condenados”.
Les recordó que en el sistema acusatorio, toda persona que es procesado siendo inocente, es víctima.
Reconoció que hay jueces formalistas que toman decisiones que impactan directamente la eficacia del sistema, en criterios formales sin constatar si el fin se cumplió. “Eso se está por resolver, pero está más en el diálogo interinstitucional que en la reforma legal”.
Dijo que la prisión preventiva oficiosa es inaceptable en el modelo garantista y por los compromisos que el país ha adquirido en el ámbito internacional, pero se requiere encontrar cómo solventar los casos en cuanto a defectos de operación que permiten a una persona salir en libertad y volver a delinquir. “Es una veta que hay que explorar”.
Pablo Héctor González indicó que en el contexto de guerra, la prisión preventiva oficiosa no fue el tema porque los jueces y fiscales argumentaron correctamente que coincidió la implementación del sistema con la guerra.
Una posible solución, propuso, es que bajo la lógica de operación del sistema y en el contexto que vive el país, con la problemática de la delincuencia organizada, puede ser un marco de excepción que sea parejo y que comparta competencias con los estados.
La magistrada del Tribunal Unitario del Segundo Circuito, Angélica Marina Díaz, opinó que la prisión preventiva se deja a las leyes secundaria y al Código Nacional, cuando el marco que debe regirlos, es la Constitución mexicana y en ese sentido, debe haber prisión para la delincuencia organizada cuando son delitos de trata, homicidio, secuestro, portación de armas y explosivos.
“Ningún otro delito aparejado amerita prisión preventiva, sólo si es justificada con elementos suficientes, por parte del fiscal”.
La juzgadora dijo que no es momento de buscar culpables sino de buscar soluciones que hagan más terso el tránsito del sistema penal, para garantizar los derechos del imputado y de la víctima en el marco normativo de la Constitución.
Es preocupante, agregó, que la sociedad está percibiendo que el sistema no está funcionando y el sistema no tiene la culpa de la inseguridad que vive el país. “La implementación se dio en un momento socio político que no era el idóneo, pero tenemos que caminar con esto, hay que minimizar los riesgos, es nuestra obligación.
Adelantó que está prevista la evaluación del sistema para tratar de consensar, de armonizar y como propio sistema requiere atención en cuanto a delincuencia organizada, se deben regular ciertos principios para esa evaluación.
Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, alertó sobre la evidencia encontrada por estudios internacionales, que indica que la prisión preventiva no ha reducido inseguridad ni la violencia y propuso que antes de hacer una nueva reforma, deben analizarse los indicadores sobre evaluaciones concretas, lo que ha sido rechazado sistemáticamente desde el 2008.
El presupuesto se debe invertir en donde está exactamente la violencia, colonia por colonia, en incluir en los modelos de prevención a los policías municipales que son los que conocen de cerca esa realidad, añadió.
Propuso un modelo que equilibre la prevención y el control, con la participación ciudadana, ligada a paquetes de inversión de recursos públicos que prefieran trabajar con causas profundas, antes de la remediación de los eventos violentos.
“La reforma penal puede ser regresiva sin antes construir la evidencia que nos indique que ese es el camino, porque llevar la gente a prisión es tan popular como imposible justificar que la prisión funciona”, manifestó López Portillo Vargas.
Moisés Moreno criticó que el juicio oral a pesar de que lo anunciaron como la panacea del sistema para la solución del problema, ahora se realiza de manera excepcional y el resto se desahoga a través de mecanismos o soluciones alternas, como los criterios de oportunidad y el juicio oral, es el mito del sistema.
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