Chihuahua, Chih.- El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó de manera formal y respetuosa al Gobierno Federal fortalecer su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo, con el objetivo de contener la escalada de violencia provocada por la delincuencia organizada y atender de manera integral la crisis humanitaria de desplazamiento forzado que impacta a las comunidades de la Sierra Tarahumara.
Durante una conferencia de prensa encabezada por la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, sostuvo que aunque el combate a las estructuras del crimen organizado es una facultad constitucional de las autoridades federales, la administración estatal ha desplegado recursos presupuestales, operativos y asistenciales para resguardar a las familias afectadas, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios.
No obstante, las autoridades estatales advirtieron que la dimensión del fenómeno exige una presencia más contundente del Gobierno Federal, por lo que presentaron un paquete de cinco planteamientos estratégicos para consolidar la coordinación entre ambos órdenes de gobierno:
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Incorporar el desplazamiento forzado interno como un eje prioritario y permanente en las Mesas de Construcción de la Paz del Gobierno Federal.
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Incluir la atención a este fenómeno en la agenda del Gabinete del Bienestar para garantizar acceso directo a programas de alimentación, salud, vivienda y educación.
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Fortalecer la estrategia de seguridad en los municipios de la región serrana a través de la atención a las causas sociales, la desarticulación de grupos delictivos y la captura de objetivos prioritarios.
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Restablecer los servicios públicos federales en los poblados impactados, especialmente en rubros de salud, energía eléctrica, abasto de insumos e inspección para frenar la tala ilegal de bosques.
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Asignar una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la prevención y atención integral del desplazamiento interno.
Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma, detallaron que el Estado mantiene activados protocolos de asistencia humanitaria. Entre las acciones desplegadas destacan la habilitación de albergues temporales, la entrega de alimentos y medicamentos, atención psicológica y legal, la restitución de documentos de identidad, así como esquemas de vinculación laboral y planes para un retorno gradual y seguro cuando el entorno operativo lo permita.
Las funcionarias enfatizaron que la estrategia gubernamental no busca únicamente reaccionar ante la contingencia, sino restituir plenamente los derechos de las víctimas y brindarles certeza para la reconstrucción de su entorno. Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su disposición para mantener mesas de trabajo conjuntas con las corporaciones federales y las autoridades municipales para pacificar la franja sur de la entidad y garantizar el regreso digno de las familias a sus territorios.
