Chihuahua, Chih.- La defensa legal del empresario Eduardo Almeida, conocido popularmente como Lalo Almeida, sostuvo que el altercado ocurrido el pasado veintisiete de junio en el ejido La Haciendita, ubicado en el municipio de Chihuahua, correspondió a un acto de legítima defensa frente a agresiones físicas previas. En una conferencia de prensa convocada para esclarecer los hechos, el abogado Fernando Alarcón presentó los argumentos jurídicos que buscan deslindar a su representado de las acusaciones derivadas del enfrentamiento, el cual incluyó golpes, empujones y la detonación de un arma de fuego.
El litigante explicó que Almeida acudió al sitio de la reunión en su calidad de representante legal de cuatro ejidatarios que formalizaron un poder notarial en su favor. De acuerdo con la defensa, el propósito de la asistencia del empresario era salvaguardar los derechos parcelarios de sus representados ante la sospecha de que en el encuentro se pretendían autorizar transacciones de compraventa de tierras ejidales al margen de lo estipulado en la Ley Agraria.
Como parte de los argumentos de nulidad, Alarcón expuso que la asamblea en cuestión carecía de validez jurídica desde su origen, al haber sido convocada de manera informal mediante la plataforma de mensajería digital WhatsApp. El abogado precisó que la legislación agraria vigente en el país exige formalidades muy específicas, tales como la publicación física de la convocatoria en lugares visibles de la comunidad con un mínimo de ocho días de anticipación, requisitos que fueron completamente omitidos por los organizadores del evento.
Respecto al uso de la violencia y las grabaciones difundidas en redes sociales, la defensa jurídica aseguró que las imágenes muestran un panorama sesgado y fuera de contexto. Alarcón puntualizó que los ataques físicos fueron iniciados de manera unilateral por el bando contrario. En ese sentido, justificó que Almeida portaba un arma de fuego con una licencia oficial y vigente otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace más de seis años, y argumentó que la detonación de un disparo al aire fue un recurso de disuasión estrictamente necesario para repeler la agresión y salvaguardar la integridad de su comitiva.
Finalmente, el representante legal rechazó los señalamientos de la opinión pública que sugerían el uso de influencias políticas o económicas para obtener la excarcelación del empresario tras su arresto por las autoridades. El defensor aclaró que la Fiscalía General de la República decretó la inmediata liberación de Almeida al haberse acreditado plenamente la legalidad de la portación del arma, aunque reconoció que la carpeta de investigación federal permanece abierta bajo las reservas que marca la ley.
