Washington, D.C.- El director del FBI, Kash Patel, impulsó de manera directa una exhaustiva investigación penal interna conocida como el caso de la gran conspiración, orientada a vincular de forma delictiva a un grupo de exfuncionarios y críticos de la administración federal a quienes el presidente Donald Trump señalaba por las diversas indagatorias en su contra, revelan testimonios de personas con conocimiento de la operación publicadas por The New York Times.
La investigación se originó a partir del hallazgo de documentos clasificados dentro de bolsas para quemar del gobierno en la sede del FBI en Washington, materiales que según la óptica de Patel constituían la prueba que justificaba proceder penalmente contra el exdirector del FBI, James Comey, y el exdirector de la CIA, John Brennan. A los exfuncionarios se les pretendía imputar cargos por presuntamente mentir al Congreso respecto a las indagatorias sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016 y los eventos políticos posteriores.
El caso detonó tensiones y presiones en cascada en las fiscalías estadounidenses ante la resistencia de los funcionarios de carrera a formular acusaciones basadas en lo que consideraban indicios insuficientes. Todd Gilbert, nombrado fiscal federal interino del Distrito Oeste de Virginia, fue relevado de su cargo tras permanecer solo 37 días en funciones luego de resistirse a convocar a un gran jurado por el caso de las bolsas de destrucción, argumentando la carencia de una base de hechos sólida y de jurisdicción en los señalamientos contra Comey y Brennan.
Tras la salida de Gilbert, la presión institucional se trasladó a la fiscalía de Alexandria, Virginia, encabezada por Erik Siebert. La oficina de Siebert recibió instrucciones a través de los ayudantes del entonces fiscal general adjunto, Todd Blanche, para actuar con dureza contra Comey ante la cercanía del plazo de prescripción de la acción penal. Los colaboradores cercanos de Blanche presionaron tanto al FBI como al Servicio Secreto, exigiendo incluso abrir una investigación criminal paralela por una fotografía que Comey publicó en redes sociales, la cual fue catalogada por el Ejecutivo como una supuesta amenaza delictiva.
Siebert fue destituido de su cargo a mediados de septiembre tras considerar que las pruebas recopiladas no se acercaban a los estándares requeridos para sostener una imputación formal. Aunque el Departamento de Justicia sostuvo formalmente que las decisiones se basaron de forma estricta en la ley, el proceso culminó con el nombramiento temporal de Lindsey Halligan en la fiscalía y la posterior transferencia del expediente de la gran conspiración a la jurisdicción de Miami, evidenciando los desacuerdos entre el personal jurídico de carrera y los mandos políticos en torno al uso de las facultades de investigación del Estado.
