Washington, D.C. — En una decisión histórica que representa la derrota más significativa de la segunda administración Trump ante el máximo tribunal, la Corte Suprema dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados a importaciones de todo el mundo, recurriendo a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Con una votación de 6 a 3, el tribunal invalidó el uso de esta norma de 1977 para justificar los llamados aranceles “recíprocos” y otros gravámenes específicos contra socios comerciales clave como China, México, Canadá y decenas de países más. El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, subraya que el Congreso nunca delegó al Ejecutivo una autoridad tan amplia para imponer impuestos de forma ilimitada en monto, duración y alcance.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts en la opinión mayoritaria. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”. El tribunal concluyó que la IEEPA, que permite regular importaciones en emergencias nacionales declaradas por amenazas extranjeras, no incluye explícitamente la imposición de aranceles, un poder tradicionalmente reservado al Legislativo según el Artículo I de la Constitución.
La mayoría estuvo integrada por Roberts, junto a las conservadoras Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, y los tres jueces liberales: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En su voto concurrente, Kagan enfatizó que la interpretación ordinaria de la ley ya resuelve el caso sin necesidad de recurrir a la doctrina de las “cuestiones mayores”, usada previamente por la corte conservadora para bloquear políticas de la administración Biden.
Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh disintieron. Kavanaugh advirtió que el fallo podría generar un “desastre” administrativo al abrir la puerta a reembolsos masivos de miles de millones de dólares recaudados por el gobierno.
Los aranceles en cuestión, anunciados en el llamado “Día de la Liberación” y elevados progresivamente en 2025 —hasta 145% en algunos casos contra China—, se basaron en emergencias declaradas por el flujo de drogas ilegales y déficits comerciales persistentes. El gobierno federal ha recaudado más de 134 mil millones de dólares (según datos hasta diciembre de 2025 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), aunque estimaciones actualizadas elevan la cifra por encima de los 160 mil millones.
El fallo no resuelve directamente la devolución de esos fondos a importadores, un tema que quedará en manos de tribunales inferiores, como el Tribunal de Comercio Internacional. Sin embargo, expertos coinciden en que podría derivar en reclamos masivos de empresas y consumidores, ya que estudios de la Reserva Federal de Nueva York indican que casi el 90% del costo de estos aranceles ha recaído en estadounidenses, no en exportadores extranjeros.
Trump reaccionó con dureza durante un desayuno con gobernadores en la Casa Blanca y en una conferencia posterior, calificando el fallo como una “vergüenza” y expresando decepción con algunos jueces que él mismo nombró. El presidente insinuó un “plan B” inmediato: recurrir a otras leyes comerciales, como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (que permite aranceles de hasta 15% por 150 días) o disposiciones de la Ley Arancelaria de 1930.
Esta sentencia marca un giro notable para una Corte Suprema considerada conservadora, que en el último año había avalado varias medidas de emergencia de Trump en inmigración, despidos de funcionarios y recortes presupuestarios. Analistas como Steve Vladeck, profesor de la Universidad de Georgetown y comentarista de CNN, la describen como “abrumadora” para la Casa Blanca, al limitar el uso expansivo de estatutos como la IEEPA.
Figuras republicanas críticas con la política arancelaria celebraron el fallo. El exvicepresidente Mike Pence lo calificó en X como “una victoria para el pueblo estadounidense y un triunfo para la separación de poderes”. Senadores como Rand Paul y congresistas como Don Bacon expresaron alivio, argumentando que los aranceles generalizados dañan la economía y violan el principio constitucional de que solo el Congreso puede imponer impuestos.
El impacto económico inmediato es incierto. Mercados reaccionaron positivamente al conocerse la noticia, con alzas en bolsas ante la expectativa de menor presión inflacionaria. Sin embargo, la administración podría intentar reimponer barreras comerciales bajo marcos legales más restringidos, lo que mantendría viva la tensión en el comercio global.
Este caso, uno de los más relevantes sobre política económica en años recientes, pone de manifiesto los límites del poder ejecutivo en materia fiscal y comercial, reafirmando el rol del Congreso en decisiones de gran envergadura. La batalla legal continúa en instancias inferiores, mientras Trump evalúa sus próximas movidas en un terreno cada vez más acotado por el Poder Judicial.
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