Washington, D.C.- La administración del presidente Donald Trump revocó este jueves la «conclusión de peligro» de 2009, el pilar científico y legal que permitía al gobierno federal regular las emisiones de gases de efecto invernadero. La medida, ejecutada a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), representa la acción desregulatoria más agresiva de la actual gestión para desmantelar las políticas climáticas de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó la declaración original como «el Santo Grial del exceso regulatorio», argumentando que fue utilizada para imponer mandatos de vehículos eléctricos y políticas costosas que dañaron la industria automotriz y el poder adquisitivo de los consumidores. Por su parte, Trump celebró la derogación en una ceremonia en la Casa Blanca, afirmando que los combustibles fósiles han sido fundamentales para sacar a millones de personas de la pobreza.
La importancia de esta norma radica en que servía como sustento legal bajo la Ley de Aire Limpio para limitar la contaminación de vehículos motorizados, plantas de energía e instalaciones petroleras. Al anularla, el gobierno no solo elimina las restricciones actuales, sino que busca blindar legalmente el desmantelamiento de futuras regulaciones ambientales.
Expertos en derecho ambiental y organizaciones civiles advirtieron que la medida desatará una batalla legal inmediata. Ann Carlson, profesora de la UCLA, señaló que la derogación provocará un caos regulatorio superior a cualquier otra acción previa. Asimismo, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales describió el movimiento como un «tiro de gracia» contra la autoridad federal para combatir el calentamiento global.
Como complemento a esta decisión, la EPA anunció que propondrá un retraso de dos años a las normas de la era Biden que restringen las emisiones de autos y camionetas ligeras. Esta pausa busca dar tiempo a la agencia para desarrollar un nuevo plan que priorice los vehículos a gasolina, bajo el argumento de que las metas de transición eléctrica no reflejan la realidad del mercado actual.
Pese a que la Corte Suprema dictaminó en 2007 que los gases de efecto invernadero son contaminantes bajo la ley, y que múltiples tribunales han respaldado la validez de la «conclusión de peligro» durante los últimos 17 años, la administración actual apuesta por una interpretación que favorece la desregulación total del sector energético y de transporte.
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