Washington D.C.- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha revivido el escalofriante caso de Martha Alicia Méndez Aguilar, alias «La Diabla», una presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dirigía una red transfronteriza de tráfico de bebés y extracción de órganos, para arremeter contra la política migratoria del ex presidente Joe Biden. En un repost en la red X, Vance calificó el suceso como «horripilante» al compartir un video en el que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, detalla desde la Casa Blanca la captura de esta depredadora, gracias a la colaboración en inteligencia entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas.
«Este es el horror que prosperó durante la crisis fronteriza de Biden, y este es el mal que terminará bajo el liderazgo del presidente Donald Trump», enfatizó Gabbard en su publicación, subrayando cómo la actual administración erradica tales redes que cruzaban la frontera con Juárez como epicentro.
La denuncia resalta una operación que, según estimaciones de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), involucró a más de 40 bebés traficados y vendidos a parejas en territorio norteamericano por hasta 14 mil dólares cada uno. «La Diabla», de 44 años, operaba como una figura insidiosa en el norte de México, atrayendo a mujeres vulnerables —muchas embarazadas y en situación de pobreza— con promesas falsas de atención médica gratuita en zonas periféricas de Ciudad Juárez.
Una vez ganada la confianza, coordinaba cesáreas ilegales para extraer a los fetos, que luego eran vendidos en el mercado negro estadounidense, mientras que las víctimas sufrían la sustracción de órganos para un comercio paralelo aún más macabro. Esta red tejía una malla de corrupción que facilitaba el paso de infantes hacia compradores en ciudades como El Paso y más allá, todo bajo el amparo de laxas políticas de control migratorio, según las acusaciones de Vance.
Una depredadora en las sombras
El esquema de «La Diabla» se ceñía a la manipulación sistemática: ofrecía consultas prenatales inexistentes para aislar a las víctimas en propiedades improvisadas, realizaba intervenciones quirúrgicas clandestinas en domicilios remotos y aseguraba la supervivencia inicial de los recién nacidos en hospitales públicos, disfrazando su origen criminal. Fuentes de la ODNI revelan que la operación se extendió por al menos dos años, afectando a decenas de familias mexicanas y alimentando un circuito de adopciones ilegales en Estados Unidos.
Aunque las autoridades mexicanas han calificado el caso como un hecho aislado vinculado principalmente a un feminicidio, la inteligencia estadounidense la señala como líder de una red ligada al CJNG, con bases logísticas que explotaban la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en la franja fronteriza.
En Ciudad Juárez, el epicentro de sus actividades, «La Diabla» utilizaba sitios específicos para ejecutar su red de horror. Propiedades improvisadas en el fraccionamiento Portal del Roble, un conjunto residencial en la zona norte de la ciudad, servían como trampas mortales donde se aislaba a las embarazadas para las cesáreas violentas. Desde allí, los recién nacidos eran trasladados de inmediato a centros médicos para estabilizarse y encubrir el crimen: primero al Hospital General de Zona No. 6 del IMSS en la colonia Zaragoza, una zona céntrica de alta densidad poblacional, y luego al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, en el centro de la ciudad, donde permanecían en cuidados intensivos para ganar tiempo en las negociaciones de venta por hasta 250 mil pesos.
Estas instalaciones públicas, inadvertidamente convertidas en eslabones de la cadena criminal, permitían a la red evadir sospechas iniciales mientras coordinaba el cruce hacia El Paso.
La protección de la red se extendía incluso a prisiones: el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 3, en Juárez, funcionaba como base logística desde adentro, donde el esposo e hijo de Méndez Aguilar, recluidos en esta penitenciaría, dirigían reclutamientos, pagos y traslados bajo el amparo del CJNG. Rutas periféricas, facilitaban la evasión de controles y el flujo de víctimas desde comunidades rurales hacia la frontera, resaltando como la operación se nutría de la porosidad del límite entre México y EE.UU.
El feminicidio de Leslie G.C. precipitó la caída
El caso que desmanteló esta pesadilla se remonta al 17 de julio de 2025, cuando Leslie G.C., una joven de 20 años originaria de Guanajuato y en su séptimo mes de embarazo, desapareció en Ciudad Juárez tras ser atraída con promesas de atención médica. Ocho días después, el 25 de julio, su cuerpo fue hallado inhumado de manera clandestina en un domicilio del fraccionamiento Portal del Roble, sin rastro del feto.
La necropsia confirmó un destino atroz: la causa de muerte fue un choque hipovolémico derivado de la extracción uterina forzada, un procedimiento brutal que dejó al bebé con vida pero huérfano de madre.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito de Chihuahua tomó el mando de la investigación, rastreando cómo «La Diabla» había trasladado al recién nacido ese mismo día al hospital en la colonia Zaragoza para atención inicial, antes de su derivación al Hospital Infantil de Especialidades, donde el menor permaneció en cuidados intensivos hasta principios de septiembre. Este hilo, combinado con inteligencia compartida por el Centro Nacional de Contraterrorismo de la ODNI, permitió a agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizar a la sospechosa.
Su captura se concretó el 9 de septiembre en el kilómetro 3.5 de la carretera a Aldama, donde fue interceptada en un vehículo. En audiencia inicial, un juez impuso prisión preventiva a Méndez Aguilar, quien fue vinculada a proceso por feminicidio agravado y lesiones calificadas. Las autoridades mexicanas, en coordinación con el FBI, continúan desentrañando la red, que podría implicar a más cómplices en ambos lados de la frontera.
Actualmente, el bebé rescatado está bajo custodia del DIF estatal, a la espera de pruebas de ADN para su entrega a la familia materna, mientras «La Diabla» enfrenta su proceso en el penal de Puente Grande, Jalisco. La falta de cargos por trata de personas, desechados por «falta de pruebas» en Chihuahua, contrasta con las estimaciones del NCTC de al menos 40 bebés afectados en dos años.
Símbolo de la agenda trumpista: de la crisis a la erradicación
El repost de Vance no es casual: en el contexto de un gobierno Trump que prioriza la seguridad fronteriza, el caso de «La Diabla» se erige como emblema de las fallas pasadas y un triunfo presente. Gabbard, en su exposición, detalló cómo la inteligencia estadounidense fue fundamental para la captura, un logro que contrasta con los «años de caos» bajo Biden, según el vicepresidente. Este episodio, revivido en vísperas de debates sobre migración, refuerza la narrativa republicana de que el control estricto de la frontera no solo detiene drogas y armas, sino que salva vidas de las garras de carteles como el CJNG, cuya influencia se extiende como una hidra transnacional. Mientras el juicio contra «La Diabla» promete arrojar luz sobre las profundidades de esta pesadilla —con operaciones arraigadas en barrios como Zaragoza y prisiones como el Cefereso No. 3—, el caso recuerda que detrás de cada cruce ilegal late un drama humano irreparable, y que Juárez, con sus hospitales y rutas ocultas, fue el tablero donde se jugó esta tragedia.
