Chihuahua, Chih. Los poblados de la Sierra Tarahumara, indígenas y mestizos, se han vaciado poco a poco desde hace casi tres años, por la incontenible represión de los grupos delictivos que pelean el territorio de todos, sin importar etnia ni condición social y ante la indolencia y colusión autoridades.
Cada vez son más las comunidades despojadas de sus tierras, de sus viviendas y de sus familiares, en el peor de los casos.
La mayoría de los gobernadores de la Baja Tarahumara, principalmente de Urique, Guazapares y Batopilas, han sido amenazados y huyeron de sus ranchos y pueblos. Han asesinado por lo menos a cuatro líderes rarámuri de aquella región.
Herculano Frías Osorio, el segundo gobernador de Jochi del municipio de Urique, había denunciado más de diez ocasiones el robo de ganado y amenazas en su contra ante el Ministerio Pùblico de San Rafael, de la Fiscalía Zona Occidente, pero las autoridades no actuaron.
Una mañana de octubre del año del 2015, llegó a su casa un grupo de hombres armados en un carro rojo y se lo llevó a la fuerza frente a sus hijos, la menor de dos años. Unas horas más tarde, fue localizado degollado en un rancho cercano, en Juturúmachi.
Los sicarios les dijeron de parte de quién iban. Era la misma familia que Herculano denunció en varias ocasiones.
En el 2013, fueron asesinados en Choréachi o Pino Gordo, del municipio de Guadalupe y Calvo, los indígenas Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos en septiembre y noviembre respectivamente.
Por esos homicidios y hostigamiento a la comunidad de Choreachi, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aunque los presuntos asesinos están señalados, las autoridades no los han detenido.
A finales del año pasado, Ángela Ayala, hermana de Socorro Ayala y a quien también le mataron a su esposo, ya no pudo regresar a su casa porque fue amenazada, luego de acudir a una revisión de medidas cautelares.
El noviembre del 2014, también asesinaron a otro líder indígena de la comunidad de Guasachique o Correcoyote, se llamaba Irineo y tenía 23 años. Había sido amenazado por defender a a su gente de despojos de tierras. A pesar de las amenazas, siguió apoyando a la gente de Chabochi o Pino Gordo, hasta que lo asesinaron junto con otros dos hombres de Chabochi, en la comunidad de Coloradas de los Chávez.
En Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, el desplazamiento hormiga se ha intensificado. Allá reclutan a los adolescentes y jóvenes para participar con el grupo delictivo que controla el poblado y los amenazan con matar a su familia, si no ceden, de acuerdo con el testimonio de una mujer desplazada en la ciudad de Chihuahua, a quien le reclutaron a un sobrino.
Y en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, han asesinado en el último año, a cuatro líderes indígenas: Valentín Carrillo, murió el Sábado de Gloria del año pasado; Elpidio Torres, el 29 de abril; Víctor Carrillo el 5 de febrero del año pasado y Cresencio Molina, quien fue parte del Consejo de Vigilancia y gobernador de la comunidad, murió el pasado 13 de enero.
Justo de esa comunidad, localizada en el Triángulo Dorado, era el luchador social rarámuri, Isidro Baldenegro López, quien fue asesinado a los 51 años el domingo 15 de diciembre pasado.
Isidro Baldenegro vivía desde hace poco tiempo en Guachochi, por seguridad, ya parte de su familia está desplazada por los caciques de la región que les han arrebatado el territorio y que los mantiene en juicios agrarios históricos desde hace unos 30 años.
Baldenegro tenía dos hijos, un niño de 8 años y una niña más chica. Ese domingo visitó a su familia en Coloradas de la Virgen, como lo hacía con regularidad porque allá también vive su mamá. Llegó a la casa de un tío, cuando Romeo R.M, de 25 años, llegó y le disparó en cinco ocasiones.
Isidro Baldenegro lideró en el 2003, el bloqueo de la carretera cercana a su comunidad, para impedir que los camiones que trasladaban madera producto de la tala ilegal de su comunidad, pasaran.
Tres compañeros de él, que viajaron la semana pasada a Chihuahua para dar seguimiento a las denuncias penales y agrarias que sostienen apoyados por la organización Alianza Sierra Madre, recordaron con orgullo el día de la toma de la carretera.
Mientras otros compañeros viajaron a Chihuahua para exigir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que pusiera un alto a la tala ilegal, otros integrantes de la comunidad se apostaron en el camino para impedir el paso. Lograron que la dependencia federal les hiciera caso y cesó por un tiempo, la barbarie contra el bosque.
Luego vinieron otras luchas, que hasta ahora impiden la tala de madera pero no les han reconocido el territorio y la organización de los caciques ha mutado, como ha mutado la actividad de los grupos delictivos de la región, de la que forman parte esos caciques.
En abril de 2003, Isidro Baldenegro fue aprehendido junto con su compañero de luchas, Hermenegildo Rivas. Les «sembraron» semillas de marihuana y amapola, según recuerdan sus compañeros, en entrevista y con el apoyo de organizaciones civiles locales, nacionales y de Amnistía Internacional que lo declaró preso de conciencia, lograron la absolución y la libertad.
La defensa de su tierra, del bosque, lo llevó a ganar el premio Goldman para América del Norte en el 2005.
El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer el miércoles pasado, que tienen ubicado al presunto homicida del defensor del medio ambiente, Isidro Baldenegro López.
«El cuerpo que a simple vista se le apreciaban heridas producidas por arma de fuego en el pecho a la altura de la tetilla izquierda, otra en el abdomen parte baja lado derecho y una más en pierna derecha», detalló la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
La víctima se encontraba en la casa de un tío, donde se encontraba el probable responsable de nombre Romeo R. M, de 25 años, con domicilio en la comunidad Las Papas, sección de Baborigame.
Romeo disparó a Isidro en por lo menos seis ocasiones con un arma 38 Súper, y huyó con rumbo desconocido con el arma.
Peniche denunció que a pesar de que en la Sierra Tarahumara se conocen nombres de líderes del de grupos delictivos, así como de personas que hostigan y que han cometido homicidios contra quienes defienden su territorio, la administración pasada no abrió ni una carpeta de investigación. «Mucha gente conoce a los delincuentes y hasta saben sus apodos pero no hay carpetas».
«Es un problema complejo por la falta de presencia de autoridad, de las policías municipales de la zona serrana es reducido, el estado de fuerza también por la infiltración de la delincuencia organizada», sostuvo el funcionario.
Dijo que el problema de la tala clandestina en la Tarahumara, es muy compleja, porque hay quienes se dedican exclusivamente a eso, pero esa actividad ha sido absorbida también por los grupos delictivos que operan en la región.
Peniche aseguró que trabajan en una estrategia en la que garantice la presencia de la Policía Estatal Única en la zona serrana, y anunció que el examen de confianza para todos los mandos y agentes municipales, será obligatorio.
JÓVENES RARÁMURI: LOS SOLDADOS IDEALES
Jóvenes rarámuri se han involucrado en los grupos y se han convertido en los «soldados ideales» porque dominan el idioma que les da control como informantes, conocen perfectamente el intrincado territorio serrano y pueden pasar desapercibido en las comunidades y ciudades. Son los sicarios y halcones ideales, son más sanguinarios, coinciden habitantes y líderes de aquella región.
Los indígenas de Chihuahua son agricultores natos, expertos en la limpieza de todo tipo de cultivo, incluidos los enervantes.
En el municipio de Bocoyna y principalmente en Creel, opera un grupo de jóvenes llamado Los Edys, que se autodenominan «chapos».
Ante el vacío de justicia, se han convertido en referencia moral porque vengan a quienes son víctimas de extorsión, por ejemplo.
En puestos de comercio de esos poblados, es común encontrar CD.S de fiestas de XV años y bodas grabados en la sierra, donde asisten sicarios, tiran balazos, hay droga y narcocorridos. Tienen gran demanda, cuestan entre 20 y 30 pesos.
Los CD.S los escuchan hasta en karaoke, con bastante demanda.
El sacerdote Héctor Fernando Martínez opinó que él éxodo de los tarahumaras lo emprenden en soledad, dejando todo y sin esperanza.
Para el presbítero, los indígenas no se van sólo por la violencia sino por una suma de factores que los han hecho vulnerables en la sierra.
Considera que el narco ha absorbido a algunos rarámuri porque son apreciados por sus facultades y porque es parte del avasallamiento de la cultura occidental.
Pertenecer a un grupo delictivo les da seguridad y prestigio dentro de su cultura serrana, porque rara vez se desvinculan de su comunidad. «Son un grupo históricamente discriminados y generalmente hay resentimiento».
El líder rarámuri Martín Makawi, quien vive en la ciudad de Chihuahua, confesó que le preocupa que la gente está migrando a las ciudades para buscar alternativas económicas porque no tienen manera de subsistir en la sierra y en la capital o en otras ciudades, no hay trabajo sustentable.
Martín es de Basiware, municipio de Guachochi, a donde regresa con regularidad y donde hay personas el crimen organizado asentadas, así como en Cusárare y Samachique.
«El camino (de la sierra) sólo está viendo la sangre correr en nuestra tierra. Ya no hay tranquilidad que vi cuando era niño, hoy hay sufrimiento, llanto. Los árboles lloran de manera diferente. El rarámuri les está haciendo llorar. Ojalá que la autoridad responda, duele que haya tantos muertos», denunció Martín Makawi.
«LA NORMALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS»
En pueblos grandes de Guadalupe y Calvo han normalizado los narcocultivos.
Mestizos de diferentes poblados cercanos a la cabecera municipal, refieren que desde hace unos tres años se descaró la contratación y transporte de trabajadores que laboran en la cosecha de enervantes, principalmente amapola.
Antes, quienes iban a trabajar en la siembra de droga, eran discretos, pocos se enteraban. Ahora es mucha gente la que acude y abiertamente.
En algunos poblados hasta tienen tienda de raya, las tiendas de abarrotes han prosperado porque la gente se va y regresa hasta con 3 mil pesos para gastar.
La crisis de inseguridad en la Tarahumara ha obligado a dos sacerdotes diocesanos y a una religiosa a huir de los municipios de Batopilas, Chínipas y Guadalupe y Calvo respectivamente.
Luego de defender a víctimas de la violencia, los sacerdotes diocesanos y la hermana de una congregación misionera, fueron obligados a cambiar su lugar de residencia.
El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez, confirmó que la situación de la Sierra Tarahumara es delicada, principalmente para las etnias indígenas que viven en diferentes municipios de la región.
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