Bonilla aumenta 7 puntos
Las encuestas siempre dicen cosas que incomodan, aunque a veces los políticos prefieran mirar hacia otro lado. En Chihuahua, el tablero electoral acaba de dar un giro que pone en alerta a los estrategas del oficialismo federal. Durante mucho tiempo, la marca de Morena prescribió una cómoda ventaja de siete puntos que arrastraba desde noviembre de 2024. Esa cifra se sostenía sola, sin necesidad de mostrar rostros ni proyectos, únicamente flotando por el peso del logotipo oficial.
Sin embargo, la realidad es terca. Los números más recientes de la casa encuestadora Rubrum revelan que en los últimos tres meses esa distancia se redujo de manera drástica a un par de puntos. Estamos ante un empate técnico de manual que enciende todas las alarmas en el bando guinda.
Pero lo más interesante no es el desgaste del logotipo, sino lo que sucede cuando a los partidos se les ponen nombres, apellidos y siglas partidistas. En este primer careo, la fotografía del momento arroja datos interesantes y revela el tamaño real de los aspirantes. Marco Bonilla, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), encabeza las preferencias con el 40.6%. Muy de cerca se encuentra Cruz Pérez Cuéllar por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el 35.2%. Más abajo en el tablero aparecen Alfredo Lozoya por Movimiento Ciudadano (MC) con el 5.7%, y Julián LeBarón como candidato independiente con el 5.2% o probablemente cobijado por el partido de reciente creación SOMOS.
Al analizar estas cifras con lupa, salta a la vista un fenómeno muy interesante: mientras la marca oficialista sufre para retener su ventaja inicial sin figuras que empujen con la misma fuerza, el alcalde capitalino demuestra que el arrastre personal pesa más que las siglas. De hecho, este ejercicio deja ver que Marco Bonilla vale por encima de lo que marca su propio partido, inyectando una plusvalía fundamental para la causa opositora.
La contienda por la gubernatura rumbo a 2027 ya no se decidirá por inercias ideológicas, sino por la capacidad de los liderazgos para responder al humor social de la calle. El desgaste del ejercicio diario del poder cobra facturas muy claras y el ciudadano evalúa resultados más que promesas abstractas. Con un Pérez Cuéllar batallando en la trinchera de Morena y actores como Lozoya por Movimiento Ciudadano y LeBarón buscando su propio espacio en el mapa, el escenario se vuelve sumamente competitivo.
Los optimistas de escritorio dirán que falta mucho tiempo para la boleta definitiva y que los números actuales son solo una fotografía del momento. No obstante, en el oficio de la grilla, el futuro se cocina con los datos del presente y hoy el termómetro marca calentura para el oficialismo. El empate técnico ya es una realidad incómoda y el valor individual de los contendientes comenzó a reescribir por completo la ruta política de Chihuahua.
El vapuleado Romero revira
La disputa por la gubernatura de Chihuahua entró oficialmente al terreno de la confrontación mediática entre las cúpulas partidistas. Tras el revés inicial que significó para el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, difundir una medición adversa de la encuestadora Rubrum, el líder blanquiazul intentó cambiar la narrativa al presumir un careo de la misma casa demoscópica, donde su carta fuerte, Marco Bonilla, aventaja por 5.4 puntos al morenista Cruz Pérez Cuéllar.
El episodio refleja no sólo la fragilidad en el manejo de la comunicación estratégica de la dirigencia panista —cuestionada severamente en medios nacionales por exhibir cifras previas donde su partido aparecía dos puntos abajo—, sino también la velocidad con la que se adelanta la sucesión en la entidad. Con un 40.6 por ciento para Bonilla frente al 35.2 por ciento de Pérez Cuéllar, el margen de ventaja aún es vulnerable si se considera que el 13.3 por ciento del electorado permanece indeciso, una bolsa de votos que definirá la contienda real.
La reacción de Romero al etiquetar y retar directamente a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, bajo el argumento de usar la misma casa encuestadora que el oficialismo celebró en su momento, busca trasladar la presión al partido guinda. Sin embargo, la respuesta irónica de Montiel en el episodio previo evidencia que el terreno de la confrontación digital y el uso de encuestas como propaganda responden más a una necesidad de legitimación interna que a una radiografía definitiva.
A meses de que inicien formalmente los procesos de definición, Chihuahua se perfila como uno de los campos de batalla más disputados del norte del país, donde la marca de los alcaldes punteros y la capacidad de operación de las estructuras federales y estatales pesarán más que los careos o las disputas en redes sociales…¡Ya veremos dijo el ciego!
Absurdo construir más cárceles
Poco sentido tiene planear la construcción de nuevas prisiones y proyectar espacios para miles de reos más en un país donde cerca de 98 mil personas permanecen tras las rejas sin haber recibido sentencia. Anunciar la ampliación de la infraestructura penitenciaria cuando el sistema padece una crisis humanitaria y procesal de proporciones monumentales no es más que un síntoma de miopía gubernamental. Organismos internacionales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas han calificado reiteradamente esta condición de las cárceles mexicanas como una grave violación a los derechos humanos, convirtiendo los centros de reclusión en bodegas de seres humanos donde la presunción de inocencia es una simulación jurídica.
La promesa política de dos mil dieciocho que auguraba, de la voz de Andrés Manuel López Obrador, una amnistía para sanear el sistema penitenciario y liberar a primodelincuentes, jóvenes vulnerables o personas atrapadas en la cárcel por su extrema pobreza no sólo se incumplió de forma flagrante, sino que la situación se agravó de manera alarmante. Lejos de caminar hacia una justicia restaurativa que aliviara la carga de las prisiones, la administración federal impulsó y consolidó la ampliación del catálogo de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa. Con esta medida, se metió de forma automática a la cárcel a miles de ciudadanos sin necesidad de que un juez evaluara su verdadero riesgo social, pulverizando cualquier intento de contención del punitivismo estatal.
Esta profunda contradicción estructural se perpetúa hoy bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de manera constante sostiene en sus conferencias matutinas el discurso oficial de «atacar las causas» y pregonar una supuesta transformación humanitaria de la seguridad. Sin embargo, en la práctica no hay la menor congruencia entre su narrativa discursiva matutina y su plan de gobierno orientado a construir más cárceles. Hablar de justicia social mientras se expande la maquinaria del encierro masivo evidencia un doble rasero que mantiene intactas las peores inercias del régimen punitivo.
Preso por no tener mil pesos
Las consecuencias de esta inercia institucional son profundamente injustas y exhiben una desconexión total con la realidad social. Casos como el recordado hace un par de décadas en el penal de Ciudad Juárez, donde un reo purgaba condena por la imposibilidad de reunir mil pesos para completar una fianza o pagar un daño patrimonial menor tras robar una cobija para mitigar el frío del invierno, demuestran que los problemas son tan añejos como lacerantes, y que sexenio tras sexenio nada se hace de fondo para resolverlos. La cárcel mexicana sigue funcionando implacablemente como un depósito de pobres, un espacio donde la incapacidad económica se castiga con la privación de la libertad, mientras la delincuencia de cuello blanco camina con absoluta impunidad o se van a vivir a Lugano.
Frente a este panorama de desolación, el sentido común y la técnica jurídica elemental sugieren un camino diametralmente opuesto: las cárceles se pueden vaciar con medidas inteligentes en lugar de aumentarlas y sobredimensionarlas. Un servicio robusto, profesional y dotado de recursos para los defensores de oficio, aunado a una revisión masiva de expedientes, permitiría liberar de inmediato a quienes están encarcelados por delitos no violentos, faltas patrimoniales menores o por la simple falta de dinero para sufragar una defensa legal adecuada. No se necesitan más metros cuadrados de concreto y alambre de púas, sino una reingeniería profunda del proceso penal que priorice la justicia comunitaria, la mediación y la reparación del daño por vías alternativas.
La persistencia en la expansión carcelaria ignora además una verdad sociológica ampliamente comprobada y documentada por expertos en criminología: la prisión criminógena. Cuando un primodelincuente ingresa al penal por un delito menor —como un robo simple, una falta menor o romper el cristal de un automóvil en un momento de desesperación— el sistema se encarga de destruirlo y transformarlo. Al carecer de oportunidades de reinserción y convivir hacinado con estructuras criminales consolidadas en el interior de centros saturados y corruptos, el infractor menor sale de la prisión perfectamente graduado, listo para delinquir en mayores montos, con mayor violencia y con redes criminales que antes no poseía.
Por todo ello, resulta evidente que la punitividad no es el mejor camino para abatir la delincuencia. Apostar por más cárceles en lugar de atacar las causas estructurales reales de la marginación, la pobreza y la desigualdad económica es un total despropósito que solo alimenta una maquinaria de destrucción social. Mientras el poder ejecutivo siga respondiendo a la crisis de seguridad con la incongruencia de un discurso social que camina de la mano de la lógica simplista del encierro masivo, el sistema penitenciario mexicano continuará siendo una máquina de producir violencia en lugar de un espacio de verdadera justicia.
