Ciudad de México.- Durante las exposiciones matutinas en Palacio Nacional encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y detalladas por la consejería jurídica a cargo de Luisa María Alcalde, el gobierno federal delineó los razonamientos centrales que sustentan la iniciativa para vetar a personas con doble nacionalidad en la Presidencia de la República y las gubernaturas estatales.
La premisa central radica en que los puestos de máxima toma de decisiones exigen una identidad nacional única, bajo la consigna de que un gobernante debe representar de manera íntegra y sin divisiones al pueblo de México. El gobierno federal argumentó que poseer nexos jurídicos o pasaportes de otra nación introduce un riesgo latente de dualidad política, lo que podría comprometer la defensa de los intereses soberanos de la república frente a presiones o agendas extranjeras.
Asimismo, se indicó que la legislación vigente presenta lagunas legales al exigir únicamente la condición de mexicano por nacimiento, sin regular ni contemplar los escenarios de multinacionalidad en los perfiles de aspirantes a puestos de elección popular prioritarios. La medida fue planteada como un mecanismo de seguridad nacional para blindar el sistema político mexicano frente a posibles influencias del exterior y estandarizar filtros rigurosos de elegibilidad ética y legal.
Finalmente, se estableció como obligación fundamental que cualquier servidor público de primer nivel mantenga como prioridad absoluta el bienestar nacional, eliminando cualquier cuestionamiento sobre a qué nación responde su lealtad política en momentos clave y garantizando el interés superior de la república.
