Washington, D.C.- La Marina de Estados Unidos ha intensificado sus operaciones antinarcóticos en el Caribe con ataques letales que han resultado en el hundimiento de al menos ocho lanchas rápidas desde principios de septiembre, dejando un saldo de más de 40 muertos en la mayoría de los casos. Estas acciones, ordenadas por el presidente Donald Trump bajo la figura de un «conflicto armado no internacional» contra carteles como el Tren de Aragua, han generado acusaciones de violaciones a la soberanía regional y ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos como el venezolano y el colombiano. El despliegue incluye ocho buques de guerra, más de 5,000 efectivos y aviones F-35 desde Puerto Rico, enfocado en rutas de cocaína que Washington estima transportan entre 350 y 500 toneladas anuales hacia su territorio.
La campaña inició el 2 de septiembre con el primer ataque confirmado, cuando un dron MQ-9 Reaper o helicóptero militar destruyó una lancha venezolana en aguas internacionales al sur del Caribe, matando a 11 tripulantes acusados de transportar cocaína hacia la República Dominicana. Autoridades dominicanas recuperaron posteriormente 1,000 kilogramos de la droga dispersa en el mar, en la primera operación conjunta con Estados Unidos contra lo que describieron como «narco-terrorismo». Trump divulgó un video del impacto en su red Truth Social, calificando a las víctimas como «narcoterroristas que envenenan a los estadounidenses». Este incidente marcó el inicio de una serie de strikes que, para el 3 de octubre, ya sumaban cuatro hundimientos con 21 fallecidos, según anuncios del secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Secuencia de Ataques y Víctimas Acumuladas
En las semanas siguientes, los operativos se aceleraron. El 15 de septiembre, un segundo ataque cerca de la costa venezolana dejó tres muertos, con indicios de posibles tripulantes colombianos según el presidente Gustavo Petro, quien exigió investigaciones independientes. Para el 16 de octubre, se reportaban siete strikes en el Caribe, incluyendo uno el 14 de octubre que mató a seis personas en una embarcación frente a Venezuela.
El último en la región, el 16 de octubre, involucró una lancha rápida en el Golfo de Paria, frontera con Trinidad y Tobago, donde un misil Hellfire acabó con cuatro vidas: dos venezolanos presuntamente ligados al Tren de Aragua y dos trinitarios, Chad Joseph de 26 años y Rishi Samaroo, cuya familia niega vínculos criminales y alega reclutamiento por pobreza extrema. El Pentágono estimó 500 kilogramos de cocaína a bordo, pero no ha liberado identidades completas ni evidencia detallada. El octavo incidente, ocurrido el 22 de octubre en el Pacífico oriental frente a Colombia, extendió la operación fuera del Caribe y sumó dos muertes más, elevando el conteo total a al menos 43.
Tensiones Diplomáticas y Reacciones Regionales
Venezuela ha calificado estos ataques como «agresiones imperialistas» destinadas a apoderarse de sus reservas petroleras, con el presidente Nicolás Maduro ordenando el despliegue de 25.000 tropas costeras y ejercicios militares en barrios de Caracas. Maduro niega complicidad estatal en el narcotráfico y cita datos de la ONU que indican solo el 5% de la cocaína colombiana pasa por rutas venezolanas.
Colombia, por su parte, ha moderado su postura inicial de apoyo a Venezuela pero insiste en que posibles víctimas colombianas exigen juicio ante la ONU por «asesinatos selectivos». En Trinidad y Tobago, el primer ministro Kamla Persad-Bissessar ha impulsado investigaciones locales sobre los dos nacionales muertos, mientras residentes de comunidades pesqueras reportan temor a patrullajes estadounidenses que confunden a pescadores con traficantes.
Internacionalmente, la ONU y la OEA han convocado diálogos para evitar una escalada, y Amnistía Internacional critica la falta de esfuerzos por minimizar daños, recordando que las reglas de interdicción marítima solo permiten fuerza letal ante amenazas inminentes.
La justificación legal de Trump se basa en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001, extendida a «organizaciones terroristas de drogas», pero enfrenta oposición interna: senadores demócratas como Adam Schiff impulsan votos para requerir aprobación congressional, y el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, renunció abruptamente el 16 de octubre sin explicación, dos años antes de lo previsto. Expertos de InSight Crime señalan que, aunque los strikes han «cerrado» rutas marítimas menores, el 95% de la cocaína viaja en contenedores grandes, y ahora se detectan más vuelos no autorizados desde Colombia a islas caribeñas.
En República Dominicana, un operativo conjunto similar al de septiembre incautó paquetes flotantes sin bajas, destacando alternativas no letales. Analistas advierten que la ofensiva podría desincentivar lanchas rápidas pero impulsa tácticas como semisumergibles, usados desde los años 80 por carteles colombianos, y genera un vacío que beneficia a grupos como el Cartel de los Soles venezolano.
Esta serie de operaciones marca la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe desde la Guerra Fría, con potencial para redefinir el equilibrio regional si no se resuelven las disputas diplomáticas. Fuentes del Pentágono indican que los patrullajes continuarán indefinidamente, mientras comunidades costeras venezolanas y trinitarias lidian con el duelo y la incertidumbre económica derivada del cierre de rutas tradicionales de subsistencia.
