Entre la infinita fauna de la inútil burocracia federal acabo de saber que existe una tal «Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas» y a la que envían, «para su inmediata y debida atención» a las personas indígenas, o a los grupos indígenas que van a la capital del país a plantear y demandar, solución a sus nuevos o a su ancestrales problemas.
Dos integrantes de la llamada «Caravana por la Justicia» que fueron en marzo pasado al Senado de la República a denunciar la inoperancia de la Ley de los Derechos Indígenas en Chihuahua, sobre todo en el área de los grupos indígenas, me comentan que eso fue lo único que lograron: el diálogo, sólo el diálogo, pero ni siquiera con el titular de la tal «comisión» sino con el secretario particular que ni rango oficial ostenta.
Me dicen:
–Todo planteamiento. Toda demanda de atención de parte de los indígenas, que da en eso, en puro diálogo porque tal comisión al carecer de facultades u atribuciones, no tiene jerarquía para exigirles a las dependencias correspondientes, la solución a los problemas planteados.
Lamentan que no se respeta la Ley de los Derechos Indígenas y por tal motivo surgen dificultades como la del la aeropista de Creel y el tendido de los gasoductos sin la anuencia precia de las comunidades indígenas respectivas.
Fui testigo varias veces en que al enterarse el presidente don Luis Echeverría de que en el Instituto Nacional Indigenista (INI) no se otorgaba la debida atención a los pueblos indígenas del país, mandaba personal de la Presidencia de la República a llevarlos a la residencia de Los Pinos, donde los escuchaba con atención y con paciencia, y luego ordenaba la presencia allí mismo, del o los funcionarios que desatendían a los indígenas, y les ordenaba resolverles todos sus planteamientos.
Eran otros tiempos, de política social, sobre todo la relacionada con los pueblos indígenas, un poco menos burocratizada y elitista como la de ahora.
