El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete para evitar ser investigado por la Fiscalía de Chihuahua respecto al desvío de 246 millones de pesos del erario al PRI.
De esa manera, suspendió temporalmente cualquier investigación o imputación contra Peña Nieto y funcionarios federales por parte de la Fiscalía de Chihuahua, hasta que el pleno determine si las autoridades estatales pueden o no procesar penalmente al Presidente y a sus colaboradores.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Chihuahua informó que presentará un Recurso de Reclamación en contra de la admisión.
Según el acuerdo emitido por Medina Mora, “la suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.
Al dar entrada al recurso promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia el 11 de octubre, y ampliado el 16, el Ministro Medina Mora determinó lo siguiente:
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”.
“Hasta este momento no se tiene conocimiento de quienes podrían ser, en su caso, los funcionarios federales que son investigados por el Gobierno de Chihuahua. Esta es una cuestión que se sabrá en el momento en que esta Suprema Corte reciba las constancias correspondientes”.
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”.
“Esta medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales.
“La controversia constitucional será resuelta por el Tribunal Pleno después de agotarse la instrucción, en la que las partes presentarán sus argumentos e informes correspondientes”.
Gobierno del Estado presentará Recurso de Reclamación
Por su parte, el Gobierno del Estado de Chihuahua informó que presentará un Recurso de Reclamación en contra de la admisión por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Controversia Constitucional promovida por la Presidencia de la República, con la que buscan suspender cualquier acción legal en contra del presidente Enrique Peña Nieto.
Jorge Espinoza Cortés, consejero Jurídico del Ejecutivo de Chihuahua, dijo que se interpondrá dicho recurso, porque no están de acuerdo en que se haya dado trámite a dicha controversia, cuando ésta no reunía los elementos jurídicos necesarios para que fuese admitida.
Rechazó que se haya dado la suspensión a cualquier acto legal que el gobierno de Javier Corral emprenda, pues se trata simplemente de una admisión que deberá ser revisada en su momento por el Pleno de la SCJN.
Explicó que con dicho acto de Reclamación, se busca precisamente la suspensión del Acuerdo admisorio de la Controversia Constitucional, para que no surta los efectos que busca el gobierno federal y se vuelva a revisar por el Pleno de la SCJN.
El funcionario estatal reiteró que con esta acción jurídica promovida por la Consejería Jurídica del gobierno de Peña Nieto, buscan darle un blindaje y protección contra cualquier acción judicial o ministerial, durante, o al término de su mandato al frente del Ejecutivo.
Actos que, subrayó, forman parte de todo un esquema de protección sistemático, hacia todos aquellos funcionarios o exfuncionarios que puedan estar inmiscuidos en actos de corrupción, incluido el exgobernador de Chihuahua César Duarte.
