Se espera que este próximo miércoles, Andrés Manuel López Obrador dará a conocer oficialmente la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. El presidente electo de México hará el anuncio en un acto en el Museo de la Memoria y Tolerancia con los padres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 a manos de policías locales de Iguala, Guerrero.
La desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, es una deuda pendiente a ojos de un amplio sector de la ciudadanía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La investigación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) de los hechos ocurridos en septiembre del 2014, están oficialmente aclarados, pero los resultados de la investigación, no tiene respaldo social y carece de credibilidad para organismos internacionales y para los familiares de las víctimas de la escuela normal rural de Ayotzinapa. La llamada “verdad histórica” fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) quienes indagaron el caso de manera autónoma a petición de los padres de los jóvenes desparecidos.
La averiguación realizada en México recientemente, generó cerca de 488 resoluciones judiciales y se han producido 170 detenciones, entre ellas policías de los municipios de Iguala y Cocula, supuestos integrantes del cartel Guerreros Unidos. Se ha invertido 1,200 millones de pesos, más de 64 millones de dólares. Nada de esto significa que se haya hecho justicia. No existe una sola sentencia condenatoria para los presuntos responsables. Los familiares de las víctimas tampoco están satisfechas con las conclusiones vertidas en un expediente de 54,000 hojas.
“Los padres de los 43 piden verdad y justicia. Quieren saber qué pasó y dónde están sus hijos”, afirma el ex senador Alejandro Encinas, designado por López Obrador para crear la comisión de la verdad. “Eso implica no sólo reabrir el caso Ayotzinapa, que se pretendía dar por cerrado con la llamada ‘verdad histórica’, sino que también nos va a permitir tener un instrumento con la fuerza judicial suficiente para revisar el expediente y continuar las investigaciones”, dijo el próximo subsecretario de derechos humanos población y migración.
