La Federación avienta a los estados la responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada, pero ni les da recursos suficientes ni distribuye equitativamente lo que hay, denunció el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.
Al participar en una mesa de análisis con los secretarios de Seguridad Pública Maribel Cervantes y Alberto Capella, del Estado de México y Quintana Roo, respectivamente, el fiscal de Chihuahua señaló que se ha creado una situación perversa con una Federación fuerte, donde el salario de un ministro de la Corte es 100 veces más de lo que gana un policía municipal.
La mesa de análisis fue convocada por el periodista Carlos Loret de Mora y transmitida en televisión nacional.
Loret de Mola expuso que los invitados representaban las regiones del norte, centro y sur del país, con la finalidad de analizar en su conjunto la problemática de la seguridad pública, “el reto gigantesco que representa y que este año ha roto muchísimos récords de sangre”.
Al respecto, el fiscal César Peniche expuso que hay un grave problema de diseño estructural que no funciona, donde por un lado, la Federación avienta a los estados la responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada pero no da los recursos suficientes y no hay una distribución equitativa de esos recursos.
“Tenemos un centralismo disfrazado de federalismo, de tal manera que todos los recursos se concentran en un solo lado y te dan únicamente a través del FAS (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) determinados recursos que puedes utilizar bajo las condiciones que ellos ponen”, señaló.
Añadió que eso ha creado una situación perversa: “una Federación fuerte, en donde un ministro de la Corte gana 100 veces más de lo que gana un policía municipal, y todavía nos echan la culpa de lo que está sucediendo en los estados”.
El grave problema, dijo, viene por un lado, en que quieren que combatamos la delincuencia organizada, y lo estamos haciendo en los estados pero sin las herramientas legales que se necesitan; y por otro lado, que entra en vigor un Código Nacional de Procedimientos Penales que necesita actualizarse.
“Mientras no tengamos más herramientas como policías, como ministerios públicos, para combatir al crimen, esto va a avanzar muy lentamente”, sostuvo.
Peniche Espejel indicó además que otro problema es la reforma penal, donde Chihuahua ya tenía 10 años con el Sistema Acusatorio en segunda y tercera generación, pero con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal en el país, la entidad retrocedió al menos 10 años y presenta problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la detención en flagrancia.
Aunque señaló que el nuevo Sistema Acusatorio llegó para quedarse, insistió que tiene problemas en el diseño, ya que cuando se detona un hípergarantismo dentro de la misma ley y no se tiene la capacitación ni la formación equivalente en los operadores del sistema, es donde vienen las incongruencias.
¿Qué es lo que necesitamos?, cuestionó, “pues acortar las brechas, pero también hay que tropicalizar el Sistema Acusatorio para hacerlo asequible a nuestro sistema. ¿Por qué razón? porque difícilmente puedes colocar a un testigo en un tribunal a enfrentarse cara a cara con un delincuente o con un homicida”.
Hay temas, dijo muy sensibles en el tema acusatorio como: la prueba anticipada, la disponibilidad de la prueba, el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que se tienen que modificar, actualizar o corregir y con eso, aseguró, “puede volar el sistema”.
Por otra parte, al referirse a las expectativas con el próximo gobierno federal, el fiscal Augusto Peniche consideró que hay temas interesantes como el de la pacificación, de la justicia transicional, la legalización de la droga, el salario de los policías, que se deben colocar sobre la mesa y debatirlos.
También dijo, entender que la delincuencia organizada no es nada más las drogas como se tiende a ver, sino que se ha transformado y opera también en minas, la tala ilegal de los bosques, en la pesca y hasta en el fenómeno de la migración ilegal hacia Estados Unidos, que deben ser revisados.
“Es decir, la delincuencia organizada se ha metido en todo, y el problema es la cantidad de recursos que maneja, entonces si la delincuencia organizada a final de cuentas es factura federal, pues tenemos que contribuir todo a atender este tema”, concluyó.
