En lo poco que va de 2019, el Gobierno Federal «ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma», de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
¿Quién los entregó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son estas empresas? Y, tal vez lo más importante, ¿por qué esto ha sido posible si se supone que la corrupción ya había sido desterrada?, se preguntan los periodistas Valeria Durán y Leonardo Núñez González.
El 7 de febrero de 2019, la oficina del IMSS en Tapachula, Chiapas, extendió una cordial invitación a una adjudicación directa para la «adquisición de materiales diversos». Para poder recibir el contrato, la compañía invitada tenía que enviar su cotización a través de la plataforma Compranet cinco días más tarde. Cumplido el requisito, el 14 de febrero de 2019 la compañía recibió un contrato por 294 mil pesos, de acuerdo con la investigación.
En el reportaje se agrega que unas semanas antes, el 31 de diciembre de 2018, la delegación del ISSSTE en Michoacán publicó una convocatoria de licitación pública para la adquisición de material para osteosíntesis (tratamiento de fracturas), material de curación de alta especialidad y material de laboratorio. Tres empresas hicieron preguntas para saber si podían cumplir con los requisitos específicos de la institución, pero solo una de ellas –Desarrollos Biotecnológicos del Bajío (DBB)– acabó haciendo una propuesta.
A la licitación también acudió otra compañía -Interacción Biomédica- la cual no se molestó en hacer ninguna pregunta y solo envió su cotización. Después de revisar la documentación y analizar las ofertas, el 21 de enero de 2019 el ISSSTE determinó que DBB no había cumplido con todos los requisitos porque no presentó una muestra de cada producto, por lo que firmó tres contratos con la única empresa que «resultó solvente, por cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos». El monto total asignado fue de 10.8 millones de pesos, según MCCI.
En los dos casos anteriores la empresa ganadora fue Interacción Biomédica S.A. de C.V. y los cuatro contratos que ha recibido este año no deberían generar mayor controversia de no ser por un pequeño detalle:desde el 26 de julio de 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había publicado de manera definitiva que Interacción Biomédica S.A. de C.V. era una empresa fantasma.
Y este no es el único episodio. El 30 de enero de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la convocatoria a una licitación para la verificación de la calidad en las «obras de construcción, modernización, reconstrucción y observación de la Red Carretera Federal» en Sonora. Cinco empresas hicieron preguntas al respecto y, finalmente, dieciocho hicieron propuestas económicas y dejaron su documentación correspondiente.
De acuerdo con la convocatoria, los participantes debían entregar varios documentos, entre los que se encontraba una «constancia de situación fiscal emitida por el SAT, expedida no mayor a 20 días a la fecha de la apertura y presentación de la proposición». Al recibir las propuestas, tres de los dieciocho participantes no habían cumplido con este requisito, señala Mexicanos Contra la Corrupción.
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